Paula Ruiz
Este jueves, la Comisión Legislativa que investigó el Caso Cochinilla emitió el informe final después de casi nueve meses de análisis sobre lo sucedido en esta ocasión.
Entre las recomendaciones está la solicitud al presidente Carlos Alvarado, la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata a un mes y medio de que el Gobierno culmine sus funciones.
En el documento señalan que Méndez Mata “pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca, en asuntos como las relaciones de hechos que fueron engavetadas, permitiendo que no se establecieran responsabilidades de los funcionarios; la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR”.
Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que aún así les quede un día en el cargo, continuarán haciendo esta solicitud al Gobierno.
En el informe, también se le atribuye al ministro una “ciega confianza” a Carlos Solís, exgerente de Conavi, la instrucción de recortar presupuesto ya designado para obras públicas como la ruta 32 para dar continuidad a obras de mantenimiento en manos de Meco y H.Solís.
Con respecto a Méndez Mata, también solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) determinar si incurrió en un incumplimiento de deberes e incumplimiento al deber de probidad.
Esto mismo lo solicitaron para Mario Rodríguez y Carlos Solís, las personas integrantes del Consejo Nacional de Vialidad, así como sus gerentes y funcionarios investigados en el Expediente Judicial.
La sanción política y moral
En el informe de mayoría de diputados, establecieron una sanción política y moral contra Rodolfo Méndez Mata.
“Se establece sanción política y moral, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años)”, señala el documento.
La sanción también recae sobre Tomás Figueroa Malavassi, Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara, miembros del Consejo de Administración de Conavi.
Esta sanción política y moral fue lo que llevó al oficialista Enrique Sánchez a presentar un informe individual.
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Sánchez destacó que la Asamblea Legislativa no tiene la potestad para establecer inhibitorias en la función pública.
En contraparte, el diputado Pablo Heriberto Abarca, presidente del foro consideró que sí tienen posibilidad para la sanción política y moral.
Aclaró que, solo se requiere de una recomendación a quién le corresponda aplicarla.
Otras recomendaciones
Por otra parte, los diputados recomendaron definir con claridad el perfil y funciones de los funcionarios de confianza en Casa Presidencial.
Lo anterior, debido a lo sucedido con Camilo Saldarriaga “quien no tuvo más que un presunto objetivo general y no quedó constancia alguna del desempeño o evaluación del funcionario, ni el cumplimiento de metas y mucho menos ningún informe escrito de rendición de cuentas”.
Adicionalmente, establecieron al menos veinte proyectos de ley que recomendaron aprobar para la mejora en función pública para evitar actos de corrupción.
Al Conavi le pidieron:
- Eliminar la figura del Consejo de administración como órgano colegiado superior
- Crear la figura del Gerente General del Conavi y eliminar la figura del Director Ejecutivo
- Crear la figura del Consejo Asesor ad honorem
- Se le devuelve potestad sancionatoria al jerarca del MOPT al eliminarse la
figura del consejo de administración
La Comisión Cochinilla concluyó este jueves. Foto: cortesía.
