Tomás Gómez
El 15 de noviembre del 2021 fue un día atípico en varias municipalidades del país. En esa fecha se conoció el Caso Diamante, una investigación por aparentes irregularidades en las obras públicas de varios gobiernos locales.
Alcaldes de alto perfil fueron detenidos y varias empresas bajo la lupa fueron el resultado de los primeros allanamientos.
Con el paso de los meses, sin embargo, los políticos volvieron a sus cargos y la investigación no ha tenido la misma repercusión de otras.
Un año después
En la Fiscalía Anticorrupción (Fapta) aseguran que los últimos 12 meses se han destinado a la etapa de investigación.
“Actualmente, la Fiscalía investiga a 21 personas”, indicaron, por medio de su oficina de prensa. Alegan que por disposiciones del Código Procesal Penal no pueden decir de quien se trata.
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A lo largo de 12 meses se han dado unas 30 audiencias.
“La investigación ha ido avanzando en la ubicación y entrevistas de testigos, y la revisión de la prueba documental decomisada en los allanamientos, para, cuando corresponda, realizar el acto conclusivo que corresponda”, agregaron.
Medidas cautelares de Diamante
Tras los allanamientos del caso Diamante media docena de alcaldes estuvieron detenidos por varios días mientras se daba la audiencia.
En ese momento, los jerarcas suspendidos del cargo fueron:
- Johnny Araya, San José
- Humberto Soto, Alajuela
- Mario Redondo, Cartago
- Alfredo Córdoba, San Carlos
- Arnoldo Barahona, Escazú
- Alberto Cole, Osa
Ellos retornaron a funciones en mayo y ahora las medidas cautelares se limitan a que 13 de los investigados -que no fueron identificados- tienen impedimento de salida del país.
En este caso, además, se intentó aplicar medidas contras las empresas. Para ello se está discutiendo la petición de inmovilizar a las personas jurídicas investigadas.
Debate jurídico sobre ley
El Caso Diamante se trató como “crimen organizado”, una figura legal que permite una investigación más amplia y con herramientas como las escuchas telefónicas.
No obstante, la aplicación de la respectiva ley está en un medio de un debate jurídico porque por temas ajenos, en la Asamblea Legislativa se habría cometido un error al modificarla, lo que se trajo abajo su vigencia.
En el Caso Cochinilla, por ejemplo, el juzgado aceptó el reclamo. Además, renombrados juristas confirman la tesis.
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La Fiscalía, por su parte, opina lo contrario e insiste en que seguirá rigiéndose por dicha normativa.
“El Ministerio Público mantiene su posición de que la Ley de Crimen Organizado se encuentra vigente, por lo que el proceso se ha llevado con total legalidad y fundamento en la normativa actual”, cerró la institución.
