Josué Alvarado
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público finalizarán este jueves 18 de abril la investigación contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por haber solicitado datos que permiten la identificación de ahorrantes y deudores bajo el argumento de servirían para construir el indicador de cambio climático que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Votarán a favor o en contra de una serie de recomendaciones que se recogen en un informe final. Si se aprueba, posteriormente, el documento pasará al Plenario Legislativo.
Un borrador de ese informe, al cual El Observador tuvo acceso, señala que una de las recomendaciones estaría dirigida al presidente de la República, Rodrigo Chaves para que considere urgentemente la destitución de Roger Madrigal como presidente del BCCR.
“Las razones que sustentan esta recomendación son de gravedad incontestable, reflejando una serie de irregularidades que comprometen seriamente la integridad y el buen funcionamiento de nuestra institución financiera más importante”, reza el documento preliminar.
Esas razones son: falta de apego a la normativa para pedir información relaciona a los ciudadanos y la adopción de decisiones precipitadas y temerarias para obtener dichos datos que hoy representa un “riesgo latente para la estabilidad económica del país”.
“La permanencia del señor Madrigal López en su cargo no solo perpetúa ese riesgo, sino que también comprometería irreversiblemente la integridad y credibilidad de nuestras instituciones financieras”, agrega el documento.
El borrador del informe concluye que Madrigal actuó con falta de pericia y de forma temeraria, “comportamientos nunca antes vistos por ningún presidente ejecutivo en el Banco Central”.
El caso se trasladaría al Ministerio Público y también se está recomendando a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación sobre estos hechos debido a la “posible comisión de infracciones que podrían constituir actos que contradicen la legislación vigente”.
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Se transgredieron leyes de Estadística y de Protección de Datos, concluyen
Las conclusiones de la comisión legislativa no solo van en la dirección de la incapacidad legal que tenía el banco para pedir todo tipo de información de los ahorrantes y de los deudores.
Para los legisladores, el traslado de datos que hicieron tres entidades bancarias al BCCR se convierte en un incumplimiento de la Ley de estadística y de la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.
“Esta comisión concluye que el BCCR no ofreció una justificación exhaustiva para requerir datos tan minuciosos de los clientes de los bancos comerciales ya que esto no es imprescindible para cumplir con las atribuciones del Banco Central”, señala el documento, cuya versión final se conocerá este jueves.
“Enfoque autoritario y desmesurado”
El informe se vuelca a favor de la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, quien fue denunciada por la gerente general del BCCR, Hazel Valverde, ante la negativa de entregar los datos.
La comisión considera que Valverde actuó de forma “deliberada y explícitamente temeraria” contra Aguilar, quien incluso ante las dudas había pedido un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) para saber si debía o no pasar los datos.
“Esta acción no solo denota una falta de prudencia y precaución, sino que también revela un enfoque autoritario y desmesurado por parte de la actual Administración del Banco Central”, dice el borrador.
“Este comportamiento, contrario a las buenas prácticas institucionales, que además forman parte de una tradición histórica de sana convivencia institucional, subraya la necesidad de examinar críticamente las actuaciones de la Administración actual, garantizando el respeto a los principios de diálogo y cooperación entre entidades gubernamentales”, añade.
Finalización de las revisiones del FMI en Costa Rica (Josué Alvarado | El Observador).
Polémico indicador no puso en riesgo el desembolso del FMI
La solicitud de datos que hizo el BCCR a cuatro bancos públicos y privados, así como a la Sugef, fue para construir un indicador de riesgo hidrológico, que midiera la exposición de los créditos a posibles fenómenos del clima como inundaciones, sequías, entre otros.
Las autoridades del banco sostuvieron que si este indicador no se construía para inicios de este 2024 el Fondo Monetario Internacional (FMI) no podría hacer el último desembolso de la línea de crédito que había aprobado a Costa Rica por $725 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)
Sin embargo, este viernes 12 de abril el FMI reconoció que el acuerdo con Costa Rica fue modificado en diciembre del 2023 para que la meta no fuera construir el indicador, sino la metodología a través de la cual se construirá en el futuro.
Esto permitió al país cumplir todas las metas con el FMI, pese a no haberlo construido. De esta forma, el país se aseguró los últimos $240 millones correspondientes al SRS.
“Después de regresar a Washington conversamos con nuestras contrapartes y colegas y llegamos a la conclusión de que el BCCR ha estado avanzando de forma muy impresionante en cuanto a las reformas y han hecho todo lo que podían para cumplir con esa medida de reforma”, dijo Ding Ding.
