Chaves decidirá futuro de Crucitas en noviembre; lanza críticas contra expresidentes

El presidente Rodrigo Chaves decidirá en noviembre próximo el futuro de Crucitas. Esto a la espera de que para ese entonces se resuelva el arbitraje internacional que emprendió la empresa Infinito Gold contra Costa Rica.

Así lo indicó este sábado el mandatario luego de haber realizado una inspección en la zona ubicada en Cutris, San Carlos.

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“Después de noviembre (porque) Costa Rica tiene un laudo, un proceso judicial con la empresa infinito. No podemos más que esperar a que ese laudo se solucione”, dijo en conferencia de prensa.

Infinito Gold demandó al país tras la ruptura del contrato que la firma tenía para la explotación del oro en ese sector de la Zona Norte.

El presidente criticó que el contrato que se firmó con esta empresa canadiense solo le dejaba a Costa Rica el 2% del oro una vez extraído.

Con respecto a problemas sociales mencionados por el mandatario como puentes, acceso celular, criminalidad, pobreza, agua y carretera no indicó cuándo procederá a buscar prontas soluciones.

Crítica a expresidentes

Chaves aprovechó su permanencia en el lugar para criticar a expresidentes de la República. Aseguró haber constatado que “no han hecho nada”.

“Yo no quiero hablar de los otros mandatarios, ahí me arrean y me atacan en redes sociales y después se enojan porque les respondo”, afirmó.

En su visita, Chaves dijo que logró observar tres excavaciones sucedidas recientemente para la extracción de oro.

El caso de Infinito Gold en Crucitas

La historia con Crucitas inició en 1999 cuando la compañía solicitó al Gobierno una concesión para la explotación y exploración de oro.

La empresa tuvo el aval en 2001 siempre y cuando presentara estudios de impacto ambiental. Sin embargo, en el 2004 la Sala Constitucional anuló tal permiso, porque la compañía no cumplió con este requisito.

Luego de varios trámites, el gobierno de Óscar Arias firmó un Decreto Ejecutivo en el 2008 para declarar de interés nacional este proyecto.

Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión en 2010.

La problemática se acrecentó en las últimas dos administraciones, donde diputados de oposición criticaron el actuar del Poder Ejecutivo por no prestar la atención requerida a la explotación ilegal en ese sector.