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Comisión de Derechos Humanos condena uso de la fuerza por parte de gobierno de Chile

(Washington) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “excesivo uso de la fuerza” en Chile. Instó al gobierno…

Por AFP

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Comisión de Derechos Humanos condena uso de la fuerza por parte de gobierno de Chile
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(Washington) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “excesivo uso de la fuerza” en Chile. Instó al gobierno de Sebastián Piñera y a las partes involucradas a entablar un “diálogo efectivo e inclusivo”. El órgano pidió abordar “las demandas legítimas de la población”.

La CIDH se pronunció en medio de masivas protestas. Arrancaron hace seis días por un aumento del pasaje del metro. Ya se tiene un saldo de 18 muertos, cinco de ellos por acción de las fuerzas del orden.

Este ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó “su condena tanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como a los actos violentos cometidos por civiles en el marco de protestas sociales”.

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Tensión de años

La protesta evolucionó hacia un movimiento más amplio. Continúa pese a que el gobierno revirtió al aumento del precio del billete.

Este movimiento de descontento frente a la desigualdad también pide un aumento de las bajísimas pensiones del sistema privado. Este se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La CIDH indicó que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, hasta el momento hay 376 heridos. De esos 173 recibieron impactos por disparos de arma de fuego.

“La CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles”, sostuvo el organismo. También citó reportes de “malos tratos en el marco de detenciones”.

En el comunicado la CIDH criticó los “ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del Estado de Emergencia”. El ente recibió informaciones de la detención de al menos dos periodistas, pese a que portaban credencial y salvoconducto para desempeñar su labores.

“El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma”, señaló la CIDH.

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