Josué Alvarado
La Contraloría General de la República (CGR) dispuso al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, oficializar una política “de inmediato” a través de la cual se instalen equipos y sistemas tecnológicos de inspección en las aduanas de Costa Rica.
Acosta tiene tiempo hasta el 28 de febrero del 2023 para emitir un informe en el que se certifique la oficialización de dicha política, con el fin de demostrar que se dio cumplimiento.
Así se desprende del informe de auditoría del ente contralor N°. DFOE-FIP-IF-00014-2022.
En este documento del 19 de octubre del 2022 se analizó el proceso de aforo en la importación de Costa Rica, es decir, el proceso para validar los datos fiscales de los productos que ingresan por los distintos medios.
“El proceso de aforo en las aduanas de control del país no se apoya con tecnología de control no intrusivo, que mediante el análisis y la aplicación de criterios de riesgo faciliten y agilicen la verificación de las unidades de transport y mercancías sin necesidad de abrirlas, en el régimen de importación definitiva”, señala la CGR en el informe.
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El Ministerio de Hacienda conoció los resultados de este informe previo a su publicación. El Observador solicitó respuesta a una serie de preguntas, como si será posible el cumplimiento de esta orden en el plazo establecido, pero para el cierre de esta nota no había respuesta.
Pocas aduanas con controles no intrusivos
Según las visitas realizadas por personal de la CGR solamente la aduana de Limón dispone de la mayoría de controles no intrusivos.
Ellos son escáneres de rayos x para exportación, básculas, cámaras OCR, dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) y dispositivos de geoposicionamiento.
También sistemas de selectividad de carga (CTS) y marchamos electrónicos.
Por el contrario, las aduanas de Peñas Blancas, Santamaría, la Central y La Anexión únicamente cuentan con escáneres, pero para equipaje.
Paso Canoas ni siquiera cuenta con este control y en el caso de Caldera solo tiene básculas y marchamos electrónicos.
“El Ministerio de Hacienda no cuenta con una versión oficial y definitiva de la política nacional requerida por el marco jurídico vigente”, señala el documento.
Según la Contraloría General de la República la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dio plazo hasta el 1 de enero del 2021 para instalar los equipos necesarios que permitan la inspección no intrusiva del 100% de las mercancías que entran al país.
Sin embargo, este plazo se incumplió y, según el ente contralor, todavía no se ve un plan a corto plazo para cumplir con el mandato legal.
