Josué Alvarado
Un informe de la Contraloría General de la República señala que durante los años 2020, 2021 y hasta julio del 2022 se han presentado un total de 21 denuncias contra funcionarios públicos que trabajan en las aduanas.
De ellas 7 se registran en el primer año, 10 en el segundo y otras 4 en la primera mitad del 2022.
La mayoría de estas denuncias están relacionadas a posibles hechos de corrupción, como aceptar dádivas, o bien, obtener un beneficio para él o un tecero.
Por otro lado, la mayoría de casos se registraron desde las estaciones de Aduanas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (47%).
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Así consta en los registros de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda, recopilados por el ente contralor.
Debilidades en la DGA
“La Dirección General de Aduanas no ha elaborado un mapeo de riesgos al proceso de aforo que permita identifica y prevenir riesgos de corrupción en el contexto de las aduanas”, señala el documento.
La Contraloría ya alertó a las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) sobre las consecuencias conocidas de la corrupción en aduanas:
- Pérdida de recursos e ingresos
- Reducción de confianza social
- Desafíos de seguridad (física, salud y económica)
Por otro lado, el oficio indica que el pasado 31 de agosto se realizó un taller con personal del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en el que se mencionó que la pérdida de principios y valores en la función pública podría estar exponiendo este proceso a riesgos de corrupción aduanera.
Según la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción (ENPC) del año 2020 un 68% de la población encuestada manifestó que uno de los trámites en los que percibe mayor nivel de corrupción es el paso de mercancías en aduanas.
Contraloría pide cambios
La Contraloría ordenó al director de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Gerardo Bolaos, oficializar e implementar un mapeo integral de riesgos para así prevenir la corrupción.
Dicha oficina deberá remitir un informe a más tardar el 28 de abril del 2023 en el que se indique qué se definió al respecto.
Por otro lado, alertó sobre casos de personal qu están percibiendo salarios líquidos mensuales cercanos al salario mínimo o tros menores al mínimo legal establecido para julio del 2022.
“Esto es un factor de riesgo que los hace vulnerables a recibir dádivas y regalías a cambio de, por ejemplo, no determinar hallazgos fiscales en las revisiones, o dar un levantamiento o despacho ágil de las mercancias”, señala el informe N°. DFOE-FIP-IP-00014-2022.
Para el año 2021 la recaudación aduanera en Costa Rica llegó a los ¢1.500.996 millones, un 27% del total de ingresos tributarios del Gobierno, o lo equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
