Paula Ruiz
La Contraloría General de la República (CGR) está en desacuerdo con excluir más instituciones de la aplicación de la regla fiscal.
“Se excluiría una tercera parte del gasto del Gobierno que, junto con el 7% que se ha excluido hasta la fecha, dejaría solamente un 60% del total del gasto del Gobierno sujeto a la regla fiscal”.
Así lo señaló la contralora general, Marta Acosta, ante los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analiza el plan de ley propuesta por el Gobierno para excluir a algunas entidades de la aplicación de esta normativa.
La jerarca enfatizó que no están de acuerdo en “más exclusiones” puesto que implicaría un debilitamiento mayor en la contención del gasto.
“Para el sector descentralizado, excluiría un 19% adicional del gasto dejando bajo su cobertura tan solo el 6%”, amplió Acosta.
El Gobierno presentó el proyecto de ley 23.330 que excluir de aplicación de la regla fiscal a empresas del Estado entes públicos no estatales, entre otros que no manejan fondos públicos. En esta lista aparecen entidades como Icafe y Colegios profesionales.
El plan también apunta a excluir la partida de intereses de la deuda, gastos de capital y recursos provenientes de créditos “que son rubros que inciden en el déficit y evolución de la deuda”.
¿Nuevo plan?
Para la Contralora lo mejor sería presentar una nueva propuesta donde haya una revisión integral y que se contemple una base jurídica sólida que evite posibles confusiones en la aplicación de la nueva normativa.
Su recomendación es “reformar con un nuevo enfoque la regla fiscal existente que rescate buenas prácticas, lecciones aprendidas y pilares esenciales en término de regla fiscal que sea resiliente y sea capaz de reducir la deuda”.
También apuntó a que se aplique esta norma a todas las instituciones del sector público no financiero que se encuentren en una situación de alto riesgo fiscal.
Además, “dado el nivel de endeudamiento del Gobierno, es necesario que permanezca de manera íntegra bajo el ámbito de la regla fiscal”, puntualizó Acosta.
Este miércoles, los diputados se reunirán con representantes del Fondo Monetario Internacional, quienes emitieron un informe sobre los alcances de este proyecto de ley.
“Pretendemos determinar si el proyecto presentado por el Gobierno se enmarca dentro de los esfuerzos de disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda”, señaló Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión.
El FMI en su informe señaló varias observaciones al proyecto del Ejecutivo.
Una de ellas es clara en el hecho de que en caso de que se aprueban esas exclusiones, la cobertura de la regla se reducirá de un 60% a un 45% “de los gastos totales en el sector público no financiero (o del 93% al 65% en el presupuesto nacional del gobierno central)”.
Sobre excluir a entidades públicas no estatales como los colegios profesionales o Icafé lo ven razonable; sin embargo, consideran que hacer esos cambios sin criterios verificables puede causar una problemática en el tema fiscal del país.
Diputados de la Comisión de Hacendarios escucharon la presentación de la jerarca. Este miércoles se reunirán con representantes del FMI.
