Tomás Gómez
El tono político, los plazos en que ha actuado Costa Rica y la mezcla de hechos ocurridos en diferentes países forman parte de los cuestionamientos que se acumulan contra los procesos judiciales que se siguen al panameño David Ochy Díez.
El 5 de diciembre, en medio del despliegue de una conferencia de prensa, las autoridades judiciales anunciaron las acciones aplicadas al empresario y político. Le achacaron hechos que iban desde la legitimación de capitales hasta uso de documentos falsos.
Con el paso de los días, sin embargo, las hipótesis lanzadas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han topado con tropiezos.
Por un lado, el Juzgado de Pococí no accedió a imponer medidas cautelares. En la audiencia, además, hubo fuertes cuestionamientos por parte del juez a las teorías que llevaba el Ministerio Público y las eventuales pruebas.
A ello se suman las reservas que expone la defensa de Ochy. Su defensora legal, Paola Mora, habla de “una cadena de manipulaciones políticas y judiciales con claro tinte político que nace en Panamá”.
“El señor Ochy Díez es inocente y es un perseguido político y es un perseguido empresarial en su país, que no ha cometido delito alguno ni en Panamá ni en Costa Rica”, aduce.
La campaña de Martinelli, la carretera y las acciones
El próximo mayo Panamá irá a elecciones. A la cabeza de las encuestas va Ricardo Martinelli. Ochy fue cercano a él en su primera administración (2009-2014), centrado sobre todo en sus negocios del ramo de la construcción.
En ese contexto, menciona Mora, se ha dado una instrumentalización del poder público y la vía judicial para cercar las posibilidades políticas.
“Se ha intensificado un claro ataque en bloque hacia el expresidente Martinelli. Así cómo a todas las personas allegadas a él y personeros de su gobierno anterior”, detalló.
En el caso de Ochy, se ha reflotado una acusación de hace años sobre el supuesto uso de fondos públicos para la compra de acciones de una sociedad anónima vinculada a los medios de comunicación.
Se achacaba que el dinero usado provenía del adelanto pagado para la construcción de una carretera. En contraposición, la defensa sostiene que los fondos se originaron en otros negocios lícitos y que se puede demostrar.
El caso se judicializó en 2017 cuando desde el Poder Legislativo se presentaron los detalles ante la Procuraduría panameña. Luego el expediente pasó a gestión de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. También se amplió con la denuncia que interpuso un abogado cercano al expresidente Juan Carlos Varela, enfrentando con Martinelli.
Desde entonces el proceso se ha movido de manera dispareja para diversos señalados.
“En esa causa se le dio la fianza más grande de la historia de Panamá a los hermanos Ochy Díaz por $5 millones a cada uno; aunque a otros se les han dado otros beneficios con idénticos cargos”, explicó la abogada.
Momento clave, plazos de sospecha
A pocos meses de la cita electoral en Panamá, el caso contra Ochy Díez sumó el episodio del pedido de extradición.
Según la defensa el mismo se recibió en la vía diplomática el 24 de octubre. Para el día 27 se le hizo traslado a la instancia judicial.
La abogada Mora cuestiona que cerca de esas fechas las autoridades costarricenses abrieron también su propia versión de la investigación. Ella detecta una “extraña coincidencia” entre fecha de apertura de la causa y solicitud de extradición
Aunque aún hay que profundizar el tema, la abogada adelanta dos tesis al respecto. En ambas muestra sus reservas por el actuar del lado costarricense.
“Sospechamos que hay una posibilidad y tenemos que investigar un poco más por parte del despacho de abogados de que esta causa haya nacido a partir de la solicitud de la detención preventiva con fines de extradición”, sostiene.
“Para nosotros esto sería sumamente grave cómo abogados porque habría dos supuestos que obviamente están sujetos a verificación: el primero que la fiscalía de Panamá, a través de su consulado y embajada en Costa Rica induzcan o inducen abiertamente a error a las autoridades de nuestro país utilizando nuestro robusto sistema democrático y sus instituciones con fines políticos a propósito de las elecciones en Panamá”, sumó.
“La segunda tesis es que las autoridades de nuestro país eventualmente podrían haber cometido el error para hacer mediante un allanamiento que resulta absolutamente innecesario un show mediático amarillista y televisado para una u otra forma con la acción judicial de parte del Ministerio Público dar indirectamente insumos a un sector de políticos panameños para dar un golpe político”, cerró.
Dudas sobre la denuncia costarricense
En la conferencia de prensa conjunta, el OIJ y Fiscalía no solo atribuyeron eventuales delitos a Ochy. Ahí también indicaron que posibles delitos adicionales podrían sumarse a una acusación y que podría haber una condena a nivel local antes de darse el envío de Ochy a Panamá.
Cuando posteriormente tocó defender la idea ante el juzgado aparecieron falencias desde las bases.
“Es evidente que la investigación realizada en Costa Rica al señor David Ochy no corresponde en absoluto a una investigación de oficio ni corresponde a hechos donde se le estuviese siguiendo por legitimación de capitales”. describe la abogada.
“Pareciera más un mecanismo de última hora para allanar y detener a dicho señor”, fustigó.
En primer lugar destacó que la investigación se hizo en 30 días desde que se recibió la solicitud de extradición.
A ello se adicionan las reservas por la forma en que se sustentan los señalamientos; eventualmente, estos surgen de una denuncia sobre el manejo de recursos que hacía el panameño en la zona del Caribe.
“Esa supuesta fuente oficiosamente informa que el señor David Ochy usa documentos falsos, introduce grandes sumas de dinero al país para invertir en propiedades en la zona de Guápiles, así cómo inversiones en maquinaria y vehículos de alta gama”, anota.
Al respecto, Mora contesta que el allanamiento no ubicó pruebas de los supuestos elementos de lujo.
“No fueron encontrados objetos de valor ni sumas de dinero que hicieran siquiera sospechar al señor juez de que provenía de alguna actividad ilícita”, narra.
La información oficial que Costa Rica dio sobre el caso de David Ochy la brindaron en conferencia conjunta el Director del OIJ, Randall Zúñiga (centro) y el Fiscal General Carlo Díaz (derecha). (Tomás Gómez / El Observador)
Incluso va más allá al reiterar como la Fiscalía no logró convencer de su lectura.
“Ante la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, el juez penal rechaza las mismas y deja sin ninguna medida cautelar a todos los imputados de dicha causa al no haber prueba o indicios reales, contundentes, que sustentaran en absoluto el informe de investigación realizado por el OIJ”, recalcó Mora.
“La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público no solo fue deficiente sino que además no había la más mínima posibilidad con dicho informe de que un Juez de la Republica de nuestro país, garantista, pudiera suponer o tener elementos sólidos de que existiera delito alguno de legitimación de capitales”, prosiguió.
De ese informe judicial se interrogó también la incorporación de hechos que pertenecían a la investigación panameña.
“Muchos de esos hechos se incorporan en Costa Rica en el informe del OIJ dentro del documento de investigación pero no corresponden a hechos ni actuaciones del señor Ochy en nuestro país”, enarboló la jurista.
Sin garantías para volver
Aunque no se impusieron medidas contra Ochy por los alegatos de Fiscalía, sí se le dictaminó un encierro de dos meses para el tema de la extradición.
En medio de la espera, sus representantes insisten que el país vecino no ofrece garantías para él por el contexto político de su caso.
En primer lugar aducen que el proceso ya implicó un efecto económico en el señalado y su hermano.
“Lo anterior sacó del mercado panameño de la construcción de obra pública a la familia Ochy Diez; dejando libre el camino a quienes hoy ostentan el poder político y económico en Panamá”, puntualiza la defensora.
A ello suman el efecto mediático que han tenido elementos cómo el allanamiento. Esto a pesar del rechazo posterior el juez.
Adiciona que Ochy viajó a Costa Rica de manera regular. No fue hasta después cuando se lanzó el llamado internacional de captura.
Se insiste en que, de volver, el escenario de todos modos es grave.
“De regresar en el corto plazo no garantizan en absoluto su seguridad física ni sus derechos constitucionales”, señala el equipo legal.
