Paula Ruiz
La Defensoría de los Habitantes exigió al Gobierno definir un plazo máximo para la entrega de la base de datos recopilada por una empresa, la cual contiene información de solicitantes del Bono Proteger.
Desde el 13 de diciembre anterior tras un informe final, la Defensoría dirigió un oficio a Geannina Dinarte, entonces ministra de Trabajo y Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En el documento, exigió “definir un plazo máximo para la entrega de la información completa por parte de la Empresa Continum Data Center a la Administración Pública, una vez concluido el Programa de otorgamiento del Bono Proteger”.
“Que asegure una transición ordenada y garante de los procesos de protección de la información”, señaló la entidad.
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Así lo hizo ver la entidad a través de un comunicado de prensa emitido este viernes a los medios de comunicación.
El oficio también fue remitido al presidente Carlos Alvarado, el jerarca legislativo Eduardo Cruickshank y las jefaturas de fracción en el Congreso.
La institución también exigió proceder, de manera urgente a incorporar a los Departamentos de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Trabajo, en los procesos tecnológicos del Bono Proteger.
La Defensoría, liderada por Catalina Crespo, también solicitó el análisis técnico de las capacidades y procedimientos para el traslado y custodia de la base de datos desde la compañía hacia la Administración Pública.
Crespo defendió que desde el anuncio de este programa social, dan seguimiento al otorgamiento de este beneficio.
“Les dijimos que en el tema del data center no está claro cuándo se va a devolver la información”, afirmó.
“Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo nos hizo una reconsideración donde rechazaban todo”, recalcó la Defensora.
Desde el 2 de marzo un nuevo documento está en revisión en el Departamento Legal de la Defensoría para indicarles que las recomendaciones se mantienen.
Por tanto, buscan respuesta a los temas indicados en el informe final, según Crespo.
Más de un millón
Esa base de datos contiene información de más de un millón de personas que solicitaron este beneficio, indicó Silvia Lara, actual ministra de Trabajo.
“La base está hospedada en una empresa que prestó el servicio de hospedaje y ahora debe ser trasladada al Ministerio de Trabajo”, dijo Lara.
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“Conformé una Comisión para garantizar que (el traslado) sea de manera profesional, rigurosa y máximo apego a legalidad y privacidad de las personas”, agregó.
Los cuestionamientos por la base de datos se suman a los expuestos por la Contraloría General de la República (CGR).
El ente contralor hizo observaciones por el otorgamiento de los bonos a personas sin requisitos y otras irregularidades.
