Hermes Solano
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comparecieron el miércoles en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa para hablar sobre la problemática alrededor de los delitos de género, principalmente violencia y los sexuales.
Las estadísticas de las autoridades judiciales señalan que entre 2022 y 2023 (y hasta el 31 de enero de 2024), el aumento de los casos por abuso sexual aumentó en 10.000.
En el 2022 el número de casos que ingresaron fue de 14.000; mientras que el año anterior se registraron 24.000.
Respecto a los que tienen que ver con violencia contra la mujer, también se dio un aumento; pasó de 24.000 en 2022, a 28.000 el año anterior y el primer mes de este 2024.
“Están en el segundo y tercer lugar; estaríamos hablando del primer lugar en incidencias si los sumamos y no tenemos recursos para poderlos atender”, señaló el fiscal general, Carlo Díaz.
El tema de los recursos se refleja en la cantidad de fiscales encargados o especializados en los temas de género, que son apenas 45, a diferencia de los 400 que se encargan de los delitos ordinarios.
“Hace evidente la disparidad en recursos que se destinan para tramitar esta materia. No contamos con personal especializado en todas las fiscalías del país. Hay carencia de talento humano”, mencionó.
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(Archivo/El Observador)
Llamado a diputados
Desde el OIJ, el director Rándall Zúñiga hizo un llamado a los diputados en pro de encontrar legislación para mejorar la atención de los casos e incluso evitar que una misma persona siga cometiendo abusos, principalmente en materia sexual.
“El OIJ tiene una iniciativa a favor de las mujeres, que es crear un registro de ofensores sexuales, que busca, con la tecnología que tenemos, a través de un software, poder reconocerlos como abusadores”, explicó el jefe policial.
“Sería importante poder tener el ADN de todas las personas condenadas por un delito sexual”, añadió.
Zúñiga lo dejó como una posibilidad a las diputadas de la comisión de la Mujer pensando en la posibilidad de presentar la propuesta de ley y llevarlo a cabo.
Además, desde la policía judicial también señalaron la falta de personal para la atención de los delitos de género contra las mujeres.
“Nos dieron plazas, pero son para crimen organizado, entonces tenemos un déficit importante”, dijo el director del OIJ para finalizar.
