Paula Ruiz
Eliminar la restricción vehicular sanitaria impuesta en los últimos siete meses pidió la diputada Floria Segreda hacia el presidente Carlos Alvarado.
La legisladora de partido Restauración Nacional le envió una carta al mandatario en la que recuerda el criterio del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitida el 3 de noviembre.
“El martillo aplicado, sin sentido común y sin estudios técnicos en esta época de pandemia solo sirvió para golpear las finanzas de los costarricenses”, dijo Segreda.
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“Una muestra de ello es que se les ha pedido a las personas permanecer en su burbuja, pero los mandamos al trabajo en bus teniendo la posibilidad de trasladarse en su propio vehículo”, reclamó.
La congresista ha cuestionado la medida desde meses atrás al asegurar que ha tenido poco efecto para la contención de la pandemia.
El Gobierno implementó esta medida como parte de las acciones para evitar contagios de covid-19.
“No podemos esperar más y la resolución judicial viene a dar sustento a la petición para que en el menor plazo posible se deje sin efecto cualquier decreto emitido en relación con la restricción vehicular sanitaria”, indicó en la carta enviada al mandatario.
La restricción vehicular sanitaria promovió la utilización de transporte público, en ocasiones, sin distanciamiento, según el Tribunal. (Alonso Solano/El Observador)
Bus sin distanciamiento
Este miércoles se dio a conocer el pronunciamiento del Tribunal desde donde se consideró la restricción vehicular como inadecuada e ineficaz.
La medida promueve la aglomeración en los servicios públicos como buses y taxis, donde no se puede mantener el distanciamiento recomendado, indicó el juez Alcevit Godínez.
“Esto me lleva a la interpretación de que la restricción vehicular, no es una medida efectiva para contrarrestar o prevenir el contagio”, indicó el juez.
“Véase que lo que se pretende es evitar el contacto con personas contagiadas, y con la restricción vehicular lo que se provoca es lo contrario”, agregó Godínez.
La medida cautelar fue solicitada por varios alcaldes: Arnoldo Barahona de Escazú, Carlos Cantillo de Carrillo; Luis Gerardo Castañeda de Liberia, Giovanni Jiménez de Nandayure; Jorge Alfaro de Santa Cruz y Laura Carmiol, interina de Santa Ana.
No hubo respuesta desde Casa Presidencial sobre lo indicado por el Tribunal.
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