Paula Ruiz
Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios analizarán si incurrirían en alguna violación en el bloque de legalidad luego de la medida cautelar solicitada por la Contraloría General de la República por el decreto ejecutivo que flexibiliza la Regla Fiscal.
Ese foro legislativo analiza el II Presupuesto Extraordinario de la República que contiene la modificación en la forma de calcular la regla fiscal, explicó Paulina Ramírez, presidenta de este panel.
“Vamos a entrar en un análisis para ver cual responsabilidad tendríamos los diputados en violentar el bloque de legalidad al decir la misma Contralora que no es legal hacer este tipo de modificaciones vía Decreto”, dijo.
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Ramírez especificó que en caso de autorizar un presupuesto que contenga una posible ilegalidad, los podría comprometer.
“En Comisión (de Hacendarios) lo tomamos con prudencia y análisis dado que jamás estaríamos avalando algo que pueda ir en contra de una ley aprobada”, destacó el legislador José Joaquín Hernández.
Por su parte, Jonathan Acuña legislador del Frente Amplio declaró que lo sucedido este miércoles tendrá una incidencia en la discusión del Presupuesto Extraordinario para determinar si cumple o no con la regla fiscal.
“Vamos a necesitar análisis porque ahora se suspende la aplicación del Decreto por este proceso judicial y tiene implicaciones para la discusión del Presupuesto Extraordinario”, explicó Acuña.
¿Interpretación auténtica?
Hernández apuntó a una posible necesidad de presentar un proyecto de ley para establecer una interpretación auténtica de la Regla Fiscal.
“Yo creo que si siguen las diferencias de interpretación tendríamos que irnos a una interpretación auténtica por parte de los legisladores para que nos dejemos de este tipo de vacíos o diferencias”, manifestó el liberacionista.
Así las cosas, se evitaría que dependiendo del lugar donde se ubique una persona en determinado momento, así sea la interpretación sobre la regla, apuntó el diputado.
“Cuando (Rodrigo Chaves) era ministro tenía una posición, ahora como presidente toma otra, entonces lo que creo que es que el país tenga claridad sobre el tema y que no se den estas diferencias porque la situación país no amerita estar en esto”, apuntó Hernández.
Sobre este punto, la socialcristiana Vanessa Castro espera que no sea necesaria una interpretación auténtica.
“Y que simplemente corrijamos el tema, porque no tenemos mucho tiempo para la interpretación”, destacó Castro.
Para Acuña, más que la interpretación auténtica se requieren reformas estructurales al título 4 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que incluye esta Regla Fiscal.
“La letra misma de la ley como tiene tantos problemas y errores, no deja claro cuál es el mecanismo de evaluación si se mide el monto presupuestado del año anterior con el año en curso o lo el ejecutado del año anterior con lo ejecutado en curso, no queda claro, el Ejecutivo interpreta de una forma”, manifestó el frenteamplista.
Según el verdiblanco Gilberth Jiménez, se debe de dar una discusión para flexibilizar esta norma porque se metió a todas las instituciones bajos las mismas condiciones.
Jiménez defendió que el déficit fiscal se genera desde el Poder Ejecutivo y no desde instituciones descentralizadas o municipalidades, mismas que quedaron excluidas de su aplicación desde el 2020.
La semana pasada, la contralora Marta Acosta advirtió a los diputados sobre el Decreto Ejecutivo que flexibiliza la Regla Fiscal.
Cambio de criterio
Por otra parte, la liberacionista Andrea Álvarez llamó la atención sobre el cambio de discurso del presidente de la República.
En mayo anterior, apenas en unos días en el cargo, vetó la iniciativa que pretendía excluir a Procomer de la aplicación de la Regla Fiscal.
“Y dijo que cualquier iniciativa de ese tipo la iba a vetar, nosotros y especialmente los de compañeros de Seguridad y Narcotráfico han insistido para convocar el proyecto de 911 (para excluirlo de esta norma) y no ha sido convocado”, recordó Álvarez.
“Y ahora, con la flexibilización vía Decreto, porque aparte del cambio de criterio no se enfoca en los aspecto la Regla Fiscal que debería enfocar”, apuntó la verdiblanca.
La CGR defendió esta medida en tanto, el Decreto Ejecutivo de Chaves elimina el límite máximo para las transferencias que hace el Gobierno Central a las Municipalidades y Concejos Municipales.
Además, autoriza al Gobierno a incrementar su gasto en ¢230.000 millones en este 2022.
También, implicaría incumplir la regla fiscal a nivel de gasto corriente en el II Presupuesto Extraordinario que se tramita en el Congreso y un impacto negativo en el déficit fiscal.
“Todo lo anterior impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población”, señaló la CGR.
El presidente Chaves defiende que es la segunda ocasión que tiene diferencias de criterios con la contralora Marta Acosta sobre la Regla Fiscal, la primera de ellas cuando él fungía como ministro de Hacienda.
“Desde entonces tenemos esa disputa, el presidente Alvarado decidió firmar el reglamento de la ley que es potestad del ejecutivo de acuerdo con la opinión de Contralora y no del Ministro (en referencia a él mismo)”, expresó Chaves.
Según él, prefiere el proceso judicial antes de frenar una flexibilización para instituciones como el PANI que se quedará sin fondos para proteger a unos 11.000 menores.
La diferencia de criterio radica en si la norma debe aplicarse sobre lo presupuestado o bien, lo ejecutado.
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