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Diputados esperan votar proyectos que permitirán excluir a Costa Rica de lista gris de la Unión Europea en agosto

Hasta en agosto próximo los diputados tiene planeado discutir los proyectos propuestos y que buscan hacer las reformas necesarias para…

Por Paula Ruiz

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Diputados esperan votar proyectos que permitirán excluir a Costa Rica de lista gris de la Unión Europea en agosto
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Hasta en agosto próximo los diputados tiene planeado discutir los proyectos propuestos y que buscan hacer las reformas necesarias para sacar a Costa Rica de la lista gris de de países no cooperantes en materia de impuestos de la Unión Europea.

“Tenemos tres proyectos en discusión y tenemos proyectado finalizar la discusión en julio para tener la discusión en plenario en agosto”, señaló Paulina Ramírez, diputada quien funge como secretaria de la comisión especial que se conformó para analizar los textos relacionados a este objetivo.

Ese foro especial tiene funciones desde la última semana de junio pues fue hasta ese momento cuando se emitió la convocatoria por parte del Gobierno.

Los legisladores del panel tienen un mes para dictaminar las iniciativas y tomar decisiones. No obstante, debido al receso legislativo ese lapso sin labores queda sin contarse y extiende los plazos.

“Tenemos solo un mes, esperaría que a más tardar a inicios de agosto esté dictaminado y ya vamos a estar en ordinarias, por lo que se le puede dar prioridad y los dos debates en agosto”, dijo Daniela Rojas, presidenta de la Comisión.

Cabe recordar que los tres expedientes en análisis son los siguientes:

  • 23.675 – Modificación de la ley de impuesto sobre la renta, Ley N.° 7092 del 21 de abril de 1988, para la inclusión de Costa Rica como jurisdicción cooperante en materia fiscal de la Unión Europea
  • 23.581 – Modificación a la Ley N° 7092, Ley de Impuesto sobre la renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea
  • 23.760 – Ley de impuesto sobre la renta

Antes de irse a vacaciones, aprobaron un texto sustitutivo al 23.581 promovido por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Ahora, el documento debe esperar respuesta a las consultas enviadas a instituciones públicas.

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En julio

El Gobierno había señalado que esperaba que para julio los diputados hicieran el trámite de este plan de ley.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que una vez aprobado el proyecto en primero y segundo debate en el Congreso se necesita un tiempo para por parte del Poder Ejecutivo para que se convierta en Ley de la República. Eso implica la firma por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

“Además, de la comunicación al grupo de Código de Conducta de que ya cumplimos, podría ser que ellos dieran por bueno eso y lo llevan a octubre o, vamos a ver si cumple efectivamente con lo que ellos nos están pidiendo, entonces deberíamos tener la posibilidad de tener un pequeño espacio para poder hacer modificaciones”, afirmó el ministro.

El 14 de febrero anterior los ministros de finanzas de la Unión Europea reunidos en Bruselas acordaron incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. En ese momento, también incluyó a Rusia, Islas Vírgenes Británicas e Islas Marshall.

En esta lista de denominados paraísos fiscales figuran otros 16 territorios entre ellos Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.

La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

En el caso de Costa Rica la Unión Europea había solicitado revisar la normativa que regula la renta, principalmente la exoneración a las ganancias de personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el extranjero cuando hacen inversiones pasivas.