Paula Ruiz
El martes dará inicio la primera etapa de la votación de mociones presentadas al proyecto de ley de eurobonos en la Comisión de Asuntos Económicos.
La expectativa estará puesta sobre una moción que busca la autorización por $3.000 millones en la emisión de títulos valor presentada por cuatro legisladoras, específicamente Kattia Rivera y Montserrat Ruiz del Liberación Nacional, Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana y Sofía Guillén, del Frente Amplio.
“Espero que de aquí a mañana se abran puertas, ventanas y todo lo necesario para que podamos llegar a acuerdos porque acá no podemos sentarnos en montos a ultranza, se requieren los 38 votos y no parece que ninguna de las posiciones lo tenga, eso implica construir puentes”, dijo Vanessa Castro, presidenta del foro legislativo.
En contraparte, hay cinco legisladores que apoyan la autorización por $6.000 millones y que hizo posible en octubre pasado, concretar el apoyo al monto pretendido por el Gobierno.
En esta línea están la verdiblanca Carolina Delgado, Waldo Agüero del oficialismo, además de el liberal Gilberto Campos, Olga Morera de Nueva República y María Marta Carballo de la Unidad.
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“Nos mantenemos en la posición de $6.000 millones, la fracción de la Unidad ha sido clara que la posición responsable y técnica es esa (…) esto (el monto) es lo que el Gobierno ha dicho que el país necesita”, señaló Carballo.
Cabe recordar que la bancada socialcristiana está conformada por nueve legisladores y de ellos, siete están con la línea del Gobierno.
Campos indicó que sus expectativas están fijadas en que habrá una discusión larga por las mociones.
“Estamos en la mejor disposición de técnicamente establecer cuales son las prudentes para tomar en consideración los criterios que no hayan sido considerados al principio en el texto sustitutivo que se presentó”, puntualizó.
Eurobonos sí
Las firmantes de la moción por $3.000 millones defienden que ninguna de las 57 diputaciones ha estado en contra de emitir eurobonos.
Coinciden en que además del monto, los controles son vitales para este proceso.
“(Es) de controles y montos, son los dos detalles que quedan pero creo que todos estamos claros y entendidos, es un tema de acuerdos”, señaló Castro.
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Con anterioridad, la socialcristiana confesó que se separó de la decisión de su bancada porque esta moción por $3.000 millones incluye controles que le satisfacen. Esto tiene que ver con hacienda digital y la implementación de escáneres en puertos.
Con una posición más contundente, Guillén reclamó que el interés del Gobierno está centrado en hacerle creer a la opinión pública que están en contra de eurobonos cuando realmente, nadie se opone.
“Aquí nadie está planteando $6.000 (millones) o $0, eso lo plantea el Gobierno”, afirmó.
Asimismo, acusó que el Poder Ejecutivo es quien ha estado interesado en no incluir indicadores antifraude.
“El puente sobre eurobonos con el Frente Amplio que estaba tendido, ustedes (el Gobierno) lo dinamitaron la semana pasada (tras ofrecimiento de una embajada), trátennos con respeto o no vamos a conversar”, advirtió.
Por otra parte, Rivera indicó que tiene interés en una moción para que quede claro que los eurobonos tendrán como prioridad el pago de deuda ya ejecutada.
“El artículo 11 es que a como quedó el informe de mayoría se habla de la deuda, pero queda una redacción laxa que pudiera interpretarse para deuda futura”, señaló.
La verdiblanca aseguró que otras de las enmiendas de este grupo guardan relación con un reforzamiento de metas y cumplimientos que se plantearon desde el inicio de la discusión.
$6.000 millones
La diputada Rivera, aceptó que la moción por $3.000 millones surgió después de aceptar de que no existe mayoría para aprobar $1.500 millones o $6.000 millones.
Por lo tanto “buscamos una ruta alternativa para que se apruebe de forma pronta, no ha sido nuestro interés de que se alargue más”.
Sin embargo, Nogui Acosta, ministro de Hacienda confirmó que el Gobierno está casado con el monto de $6.000 millones porque eso es lo que el país necesita. Así las cosas, cerró cualquier posibilidad para que haya un apoyo por $3.000 millones donde hay un respaldo mínimo de 20 diputaciones reunidos por 18 de Liberación, así como por Castro y Guillén.
“La pregunta es cual es la posición técnicamente correcta y cual no y creo que desde el punto de vista práctico el Gobierno ha sido claro que las necesidades de recursos son $6.000 millones, seguimos considerando que esa es la respuesta adecuada”, declaró Acosta.
Inicialmente, la expectativa del Gobierno era salir al mercado a más tardar el 24 de noviembre, día cuando se celebra el Día de Acción de Gracias.
Sin embargo, era necesaria la autorización por parte de la Asamblea Legislativa entre seis y ocho semanas antes de esa fecha.
Esto porque el Gobierno requería contratar una firma de abogados y banco colocador como parte del trámite.
De esta manera, para pagar el vencimiento por $1.000 millones en enero, deberán recurrir al mercado local en busca de esos recursos, confirmó Acosta.
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