Redacción El Observador
Con la publicación de nuestro primer editorial este domingo damos el comienzo de una etapa de gran importancia para el El Observador.
En este espacio ofreceremos, cada mes, la posición editorial de El Observador sobre los temas que se aborden y reflejará también la posición de sus fundadores en cuanto al respeto a los altos valores de defensa de la democracia, la paz, la libertad y el desarrollo. Estamos comprometidos a la ética y el respeto, así como a la defensa de la libertad de prensa y los derechos ciudadanos.
Uno de nuestros pilares es ser una voz para los sectores productivos, dada su importancia para el bienestar del país.
En toda sociedad moderna interactúan tres sectores de manera constante: el primero es la autoridad formal; en el caso de nuestro país representado por poderes legales, institucionales y regulativos, algunos otorgados por medio del proceso electoral -como los poderes Ejecutivo y Legislativo-; otros electos por el Poder Legislativo en representación del pueblo -como los magistrados de la corte, y los jerarcas de la contraloría y Defensoría de los habitantes-, además de una cantidad de organizaciones autónomas -empresas públicas y empresas de servicios- con cierto grado de independencia del Poder Ejecutivo, cuya gobernanza y decisiones son también vinculantes para los ciudadanos. El Estado costarricense, según documentos del Ministerio de Planificación, tiene 278 instituciones públicas (excluyendo los colegios profesionales), que representan poco más del 13% del empleo total en el país.
Las implicaciones de lo anterior son muchas, pero sobresalen tres: a) el segundo sector al que nos referimos, el sector empresarial formal e informal, representa más del 86% por ciento del empleo nacional; b) existe en Costa Rica una amplia y costosa burocracia que encarece y complica las transacciones entre cualesquiera dos entidades o personas; c) ese amplio Estado costarricense vive de transferencias de la ciudadanía jurídica e individual, por medio de impuestos directos e indirectos, y tarifas por servicios públicos, de acuerdo a sus necesidades y proyectos.
Por ostentar la autoridad formal, ese 13% de empleados públicos -desde el Presidente de la República, los diputados y los magistrados de la Corte Plena, hasta el último misceláneo en una dependencia municipal-, determinan en buena medida cómo se manejan el país, su economía, y sus políticas sociales, ambientales y productivas. Cada uno de ellos recibe un salario que es, en última instancia, pagado por el sector empresarial y los consumidores.
El tercer sector, la sociedad civil organizada, trata de servir -desde miles de organizaciones gremiales, sindicales, solidaristas, sociales, ambientales, y de conocimiento- como mecanismo de balance y control, tanto del sector público como del sector productivo y del consumidor; proponiendo, cabildeando y ejecutando programas y proyectos que, según su visión, ayuden a mover el país y sus diversos sectores en la dirección correcta, de acuerdo a sus principios y mandatos.
La creación de riqueza se da únicamente en el sector productivo del país, en aquellas empresas que invierten en su operación y crecimiento y que, mediante sus impuestos directos e indirectos, contribuyen a llenar las arcas nacionales y municipales; que se complementan con impuestos y tarifas de consumo que pagan esas mismas empresas y todos los consumidores por medio de impuestos al valor agregado, a la propiedad, o en tarifas por servicios a empresas públicas que generan parte de ese 13% del empleo total y del consumo derivado de éste.
Sin la actividad productiva y el consumo, que a su vez se abastece de los salarios e impuestos pagados por las empresas, no existirían recursos para la operación del Estado en su conjunto. Al mismo tiempo, con una tasa de informalidad del empleo de cerca del 50%, existe un alto porcentaje de ese 98% de las empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas que no cumplen con todas sus obligaciones fiscales, ni con toda la legislación laboral, ambiental y comercial vigente. Esto implica que un grupo relativamente pequeño de empresas nacionales y los consumidores cargan con la mayor parte del costo de un Estado que, además de enorme, no es eficiente y no propicia un clima de negocios que favorezca el crecimiento vigoroso de la economía.
Con unas pocas excepciones, en los últimos 25 años la economía de Costa Rica ha crecido a tasas entre 3 y 4.5% anual, insuficiente para financiar el combate a la pobreza, el despliegue de un clima de negocios moderno y de alta productividad, los intereses de una deuda pública muy alta y una agenda completa de sostenibilidad. En buena parte, por eso existen las zonas francas de exportación, pues para competir internacionalmente hay que crear “islas de alto desempeño” en un ambiente empresarial claramente ineficiente y costoso y, la única forma de hacer eso, ha sido ofrecerles mejor balance económico, por medio de exoneraciones y tarifas controladas en servicios públicos seleccionados.
El Observador cree firmemente que es imperativo impulsar un modelo de desarrollo balanceado, de alta productividad para un sector empresarial progresista y consciente de su papel en la sociedad; y a la vez con alta eficiencia y calidad en el gasto y la inversión pública, que propicie el crecimiento de la economía, el avance eficiente del progreso social y la sostenibilidad. La combinación de un sector público enfocado en el desarrollo justo y sostenible, con el impulso de un sector productivo pujante y moderno -en todos sus estamentos, sectores y estratos- es lo que el país requiere.
Nuestro propósito como medio de comunicación formal, serio y neutral entre los sectores de la sociedad y ante el desarrollo justo y sostenible del país, es ofrecer al público nacional una plataforma de comunicación independiente, balanceada y moderna; que contribuya a restablecer la confianza en las fuentes de información con que cuentan la ciudadanía, las autoridades formales y el sector empresarial, para informarse de manera eficiente y veraz sobre temas relevantes para una mejor toma de decisiones, sustentadas en conocimiento, comprensión de la realidad nacional e internacional, y un sentido claro de patriotismo.
Ese patriotismo queremos que se sustente en los valores que han caracterizado el contrato social costarricense, y en actitudes del país que en el pasado nos han servido para diferenciar a nuestro país de las corrientes dominantes en la región. Valores como la democracia y la paz; el respeto y el diálogo; el compromiso con la educación, la salud universal, la solidaridad instrumentada y la sostenibilidad; deben seguir siendo luz y guía en la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad, presentarse como los hilos conductores que caractericen nuestra cultura nacional.
El país debe seguirse adelantando a su tiempo en decisiones clave, como lo ha hecho en el pasado cuando abolió la pena de muerte, promovió la separación de los poderes del Estado antes de que fuera común hacerlo, cuando estableció seguridad social universal, desplegó una economía colaborativa con cooperativismo y solidarismo, abolió el ejército, estableció el sistema nacional de áreas de conservación, levantó a nivel de ministerios la cultura y la juventud, la ciencia y la tecnología, el comercio exterior y la gestión de los recursos naturales y la energía y, en general se atrevió a retar las convenciones de las diversas etapas del desarrollo y el contrato social.
Nos mueve la convicción de que Costa Rica es capaz, como lo ha sido en el pasado, de superar coyunturas difíciles con base en diálogo, democracia y coraje para hacer lo necesario y correcto; para adelantarse a su tiempo marcando un camino diferente en su desarrollo y su compromiso con valores de libertad, prosperidad, justicia y sostenibilidad.
