Tomás Gómez
Estados Unidos decidió aumentar las sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortegas. Esto tras diversos ataques a la oposición durante las últimas semanas.
La medida contempla a Camila Ortega Murillo -hija de la pareja presidencial- y otros tres altos dirigentes sandinistas.
Según la resolución, se aplicará un bloqueo a todos los bienes e intereses que los 4 políticos nicaragüenses tienen en Estados Unidos directamente o mediante testaferros.
Además, quedan bloqueadas las sociedades en las que los señalados tengan al menos 50% de participación.
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Esta última medida es la más sensible, pues la regulaciones norteamericanas impiden cualquier tipo de transacción con dichas empresas.
Para justificar su decisión, Estados Unidos señaló que se trata de personas que han contribuido con el gobierno sandinista, al que definieron como “un régimen que ha socavado la democracia”.
También lo califican como un régimen que ha “perpetrado violaciones de derechos humanos contra civiles, promulgado leyes represivas con serias consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes ”.
“Las acciones del presidente Ortega perjudican a los nicaragüenses y hunden cada vez más al país en la tiranía”, expresó la vocera Andrea M. Gacki.
“Resulta claro que el régimen de Ortega se propone seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá exponiendo a los funcionarios que continúen desoyendo la voluntad de sus ciudadanos”, agregó.
Además, la Casa Blanca advirtió que más personas que han sido cercanas al régimen de Ortega, iniciado en el 2007, también podrían ser sancionadas.
¿Quiénes son los sancionados?
El seguimiento a las sanciones contra los sandinistas está a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
La lista incluye a:
- Camila Antonia Ortega Murillo|Hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo: asesora clave del Gobierno de sus padres y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Desde 2011 gestiona Canal 13. un medio de gestión familiar para propaganda oficialista financiada con dinero público.
- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez| Presidente del Banco Central de Nicaragua: como Presidente del BCN, Reyes colidera la implementación de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que podría ayudar a saltarse otras sanciones internacionales.
- Edwin Ramón Castro Rivera| Diputado: miembro de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales que aprobó diversas reformas que complicaron la competencia de la oposición.
- Julio Modesto Rodríguez Balladares| Director del Instituto de Previsión Social Militar: funcionario militar que contribuyó en la represión de las protestas sociales iniciadas en el 2018.
Ortega se quita a sus rivales
Según el cronograma electoral, Nicaragua debe celebrar elecciones el 7 de noviembre próximo.
Estas serán las primeras votaciones desde el estallido social del 2018 contra el régimen de Daniel Ortega.
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Este último, por su parte, busca un cuarto período, cuestionado por la validez legal de sus reelecciones.
De cara a la campaña han surgido diferentes leyes que favorecen la represión policial, así como el control del Gobierno sobre la oposición. Las regulaciones van desde limitación a las reuniones hasta limitaciones al financiamiento.
En las últimas semanas han sido detenidas cinco figuras que se proyectaban como candidatas de oposición: Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo José Cruz.
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios fue procesada por el régimen orteguista. Incluso Estados Unidos pidió su liberación a Nicaragua (AFP)
Un detenido más
El excanciller nicaragüense José Pallais se convirtió este miércoles en el quinto opositor detenido, cuatro de ellos aspirantes a la presidencia.
Pallais fue detenido acusado de “incitar la intervención extranjera en los asuntos internos” e “pedir intervenciones militares”.
También por organizarse con fondos externos para “ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” del gobierno de Ortega, según un comunicado de la cuerpo policial.
Los delitos imputados a Pallais y a otros opositores detenidos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros. Esta se aprobó en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.
Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional. Durante las protestas contra Ortega de 2018 fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que buscaba una solución al conflicto.
