Gustavo Martinez
Al Poder Ejecutivo le queda muy poco tiempo para presentar a los diputados el proyecto de ley de Ciudad Gobierno antes de que finalice el 2023.
Esto debido a que los legisladores salen de vacaciones de Navidad y Año Nuevo el próximo jueves 14 de diciembre, regresan hasta el 8 de enero de 2024.
En semanas anteriores, el Presidente Rodrigo Chaves ha cambiado la fecha en que presentarán el documento ante el Congreso, luego del rechazo de la Contraloría General de la República al recurso de apelación en subsidio.
Primero, el mandatario Chaves aseguró que llevarían el proyecto a Plenario a finales del mes de diciembre, el pasado 3 de diciembre en cadena nacional.
“La Asamblea Legislativa recibirá por parte del Ejecutivo, antes de que termine el mes de diciembre, un proyecto de ley que les diga a los diputados: “o interprete esto correctamente (interpretación jurídica de la Contraloría), como le corresponde o dennos permiso de construir Ciudad Gobierno”, indicó el Jefe de Estado.
Posteriormente, el pasado 5 de diciembre, les dirigió unas palabras a los legisladores sobre el documento y su responsabilidad para la aprobación del mismo.
“Ojalá en 25 años, si ustedes se apuran, los costarricenses digamos: estamos en casa propia y podamos hacer celebraciones importantes, ya en una Ciudad Gobierno, en la que no paguemos ni alquiler ni amortización que sea para el pueblo de Costa Rica”, manifestó.
Presidente Chaves insiste en urgencia de Ciudad Gobierno y pasa responsabilidad de aprobación a los diputados (Archivo/El Observador).
En esta oportunidad, Chaves aseguró que el texto estaría a finales de la semana anterior en la corriente legislativa.
“Sobre Ciudad Gobierno, que representa unos ¢30.000 millones al año, el fin de semana les vamos a enviar el instrumento legislativo que se requiere, para que dejemos de ser inquilinos de nuestras propias oficinas”, destacó el presidente la semana anterior.
De igual forma, aunque se concrete el envío del documento en la presente semana, será hasta el 8 de enero que los diputados puedan valorar el mismo. Esto en apego a la actual agenda legislativa de sesiones extraordinarias.
El 31 de enero finalizan las sesiones extraordinarias, cuando el Gobierno maneja la agenda de los diputados.
De no discutirse durante ese mes, el Gobierno debería esperar hasta el siguiente período de extraordinarias para su convocatoria.
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¿Qué implica el proyecto?
Ciudad Gobierno se realizaría a través de un empréstito de $450 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El mayor argumento del Ejecutivo versa sobre que la construcción representaría un ahorro de $17 millones anuales, en contra de los $50 millones al año que el país costea por concepto de alquileres y servicios.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, asegura que el país le cancelaría al BCIE un monto inicial de $33 millones, durante 25 años. Además, la jerarca enfatiza en que dicha cantidad iría en disminución cada año.
“Este sería uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Nos convertirá en propietarios de una vez por todas de los edificios que por décadas hemos arrendado”, señaló la jerarca.
Complejo gubernamental se ubicaría en Plaza Víquez (Captura de pantalla).
Tanto Chaves como Fernández han insistido que el ahorro de $17 millones permitiría destinar dichos recursos en otras obras públicas:
- El acueducto de San Ramón y Palmares.
- El sistema de agua potable del Guarco de Cartago.
- Nuevo acueducto de Pérez Zeledón.
- Ruta de Paso Canoas, Laurel y Bella Luz.
Recepción
El Observador consultó a algunos legisladores sobre los anuncios del presidente y las valoraciones sobre el posible proyecto.
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Katherine Morera afirma la relevancia del proyecto de Ciudad Gobierno.
Además, recomendó al Ejecutivo seguir las recomendaciones de la Contraloría sobre las licitaciones públicas para dicha construcción.
Sobre la recepción del documento en la corriente legislativa dijo: “aquí en la Asamblea lo estudiaremos, analizaremos, con toda la responsabilidad como se ha hecho con cada uno de los empréstitos que recibimos cada año”.
Por su parte, la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, critica que el proyecto no haya ingresado a la corriente legislativa, pese a las afirmaciones del Gobierno.
“El proyecto no ha ingresado a la corriente legislativa. En el momento que ingrese, vamos a valorarlo dentro de la fracción y ponerlo a discutir por el fondo”, manifestó la socialcristiana.
Diputada Melina Ajoy, del PUSC, a favor del proyecto siempre que represente un ahorro al país. (Archivo/El Observador).
“Me inclino mucho por el arroyo de los ¢17.000 millones que tanto se ha mencionado y máxime por lo que está atravesando el país”, añadió.
Ajoy afirma que esa discusión se conjugaría en sesiones extraordinarias con los otros proyectos de seguridad y el préstamo de $700 millones del BCIE para riesgo inminente. Esto luego del receso de fin de año.
“Esperaría que el 8 de enero las jefaturas de fracción se reúnan para poner un panorama más claro de los proyectos que vamos a discutir en estas sesiones extraordinarias”, señaló.
Para la diputada liberacionista Rosaura Méndez la propuesta del Ejecutivo sobre Ciudad Gobierno no contempla rubros de presupuesto, personal y mantenimiento.
“Me parece que el señor presidente debería construir puentes con la Contraloría para llegar a acuerdos y no seguir derribando puertas. Nuestra propuesta es clara: una Ciudad Gobierno pero como corresponde”, resaltó Méndez.
El Observador también consultó al Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre las valoraciones y el avance en la redacción del proyecto; sin embargo, se está a la espera de una respuesta por parte de dicha cartera.
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