Hermes Solano
El presidente Rodrigo Chaves dio a conocer que el proyecto de ley para la construcción de Ciudad Gobierno será enviado a la Asamblea Legislativa, luego de que la Contraloría General de la República le pusiera un freno.
Tanto en la fracción de Liberación Nacional, como en la de la Unidad Social Cristiana, estarán pendientes y vigilantes de la propuesta que podría ser presentada esta semana.
“Vamos a esperar que se presente la propuesta y la estudiaremos. En principio nos parece una improvisación más, que no nos extraña del Gobierno”, señaló el jefe del PUSC, Alejandro Pacheco.
“Primero, vamos a esperar que lo envíen; segundo, ya hay un precedente y parece evidente la complicación del proyecto, tomando en cuenta el pronunciamiento de la Contraloría”, dijo por su parte el líder verdiblanco, Óscar Izquierdo.
El Observador también le consultó a los jefes de fracción del Liberal Progresista, Eli Feinzaig y del Frente Amplio, Sofía Guillén; sin embargo, aseguraron que no se iban a referir hasta no conocer el proyecto de ley.
La semana anterior el Gobierno dio pistas sobre que enviarán el texto y el domingo, en la cadena nacional, lo confirmaron.
“La Asamblea Legislativa recibirá por parte del Ejecutivo, antes de que termine el mes de diciembre, un proyecto de ley que les diga a los diputados: “o interprete esto correctamente (interpretación jurídica de la Contraloría), como le corresponde o dennos permiso de construir Ciudad Gobierno”, indicó Chaves.
“El daño que se le hace al presupuesto del país, y a los costarricenses, es simplemente demasiado grande para dejar pasar esto”, añadió el mandatario.
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Óscar Izquierdo, jefe del PLN, espera presentación de proyecto sobre Ciudad Gobierno. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Mala señal
La decisión del Gobierno se basa en el rechazo de la Contraloría al proyecto, así como al recurso de apelación.
El ente fundamenta su decisión en la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, mientras el Ejecutivo defiende el proyecto tras “rigurosas figuras legales y financieras”.
La administración pretendía usar la figura de arrendamiento bajo el modelo BOLT “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Transferir”.
Ante esta alternativa, el despacho de la contralora, Marta Acosta, interpretó el artículo en cuestión bajo los siguientes argumentos:
- El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- La norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Los diputados consideran esto como una mala señal y, por eso, se sentarán a estudiar a fondo la iniciativa que mande el Ejecutivo.
“Es una señal muy preocupante porque está poniendo a la Asamblea Legislativa como una segunda opción, pero no importa, eso no es lo grave, sino que ya viene con un sello de veto de la Contraloría General de la República”, indicó Izquierdo.
Para el socialcristiano Pacheco, lo que hace el Gobierno es trasladar la responsabilidad al Congreso y en caso de que no se dé el proyecto culpar a los legisladores.
“Hace las cosas poco estratégicas y después es muy fácil culpar a la Asamblea Legislativa y los diputados. Esta ha sido la tónica de un Ejecutivo que cada vez sigue equivocando la ruta”, finalizó el jefe de bancada del PUSC.
El diputado Alejandro Pacheco del PUSC.
