La Comisión de Ambiente del Congreso envió consultas a diferentes instituciones públicas y privadas con el fin de tener un criterio sobre el proyecto de ley que busca legalizar el consumo de marihuana para uso recreativo.
El plan se discute mediante el número de expediente 23.383 y es promovido por el Gobierno con la justificación de que traería beneficios fiscales por el consumo normalizado entre la población.
Los criterios de las entidades buscan recoger observaciones que les permitan hacer modificaciones al texto, además de brindarles un panorama sobre el respaldo o negativa a la iniciativa.
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Dudas por seguros
Una de esas consultas contestada por Mónica Araya, jerarca del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En el documento PE-01366-2022, Araya explica que en el artículo 18 donde se establecen requisitos para el otorgamiento de licencias y permisos, se habla de la emisión de la póliza de riesgos del trabajo previo al otorgamiento de la licencia o permiso que emita el Ministerio de Salud.
“Esto significa que el INS -como entidad aseguradora- no podría comprobar con certeza si la actividad económica específica que desarrollará el sujeto a asegurar se encuentra o no dentro de los parámetros normados y permitidos en esa ley”, señala.
“En otras palabras, podría darse entonces el caso de que el INS permita asegurar una actividad no autorizada e incluso de carácter ilícito, relacionada con la producción, comercialización y uso del cannabis como componentes psicoactivos”, continúa Araya.
Otra preocupación del INS está relacionada con los accidentes laborales dado que el artículo 199 del Código de Trabajo establece que no aplica en casos donde medie el consumo de drogas.
En un caso donde un trabajador se vea expuesto a un accidente en su lugar de trabajo por el consumo de cannabis recreativo no quedaría cubierto, según detalló Araya.
Recomiendan cambios
En tanto, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) sugirió excluir de forma expresa “las actividades de venta al pública (al por mayor y detalles), clubes sociales y las industrias a pequeña escala y artesanales, como actividades habilitadas para el Régimen de Zonas Francas, por no ser compatibles tales actividades con la clasificación de empresas beneficiarias del Régimen de Zona Franca”, destaca la entidad en sus observaciones.
Cabe destacar que el plan distribuye los ingresos por el impuesto sobre utilidades entre diferentes entidades como: el Sistema de Banca para el Desarrollo, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo, entre otras.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el establecimiento de destinos específicos imprime un alto grado de rigidez al presupuesto del Gobierno Central.
“En tanto limita la discreción con la que este cuenta sobre los recursos que percibe y, por tanto, la capacidad de recortar, reducir, reubicar y priorizar gastos, en procura el uso eficiente de los fondos públicos”, puntualizó en su informe.
Asimismo, recordó que con proyectos similares se ha advertido que es necesario un análisis técnico donde se acredite la disponibilidad de recursos presupuestarios “como fuente de financiamiento de forma que se cuente con insumos relevantes y confiables para la toma de decisiones en el proceso legislativo, esto dada la estrechez fiscal que vive el país”.
“Genocidas”
Hay otras respuestas más contundentes como la emitida por la Municipalidad de Buenos Aires donde catalogan de “genocidas” a los promotores de la iniciativa.
Primero, señalan objeciones sobre los artículos 50 y 52 relacionados con la inversión extranjera en aquellas zonas con menor desarrollo humano. Esta estaría a cargo de Procomer así como la del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para promover a Costa Rica como un destino para el consumo responsable de cannabis recreativo.
De esta manera, la Municipalidad expone que Buenos Aires será uno de esos cantones impactados por esta iniciativa.
“Nadie nos brinda el blindaje suficiente para impedir que nuestros jóvenes y adultos jóvenes no sean afectados aún más, cuando el tema de la drogadicción está a la libre, sin mayor control por parte del Estado. Las empresas extranjeras ingresarán al mercado con amplias garantías, y no se garantiza la protección y beneficio local”, exponen en el criterio.
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Asimismo, externaron que turistas extranjeros pueden llevar a “comprar conciencias y llevar a las personas a comportamientos indebidos, serán otro grave daño”.
“Quienes promueven este proyecto que hará de nuestros niños y jóvenes, adultos futuros, una sociedad de viciosos y esclavos de capitales genocidas”, respondieron.
También calificaron como un “genocidio al ordenamiento jurídico” lo indicado en el artículo 54 donde se prohíbe el decomiso de marihuana.
Criterios a favor
Aunque una mayoría de criterios se exponen en contra del plan, también hay otros a favor, particularmente de otros gobiernos locales.
Una de ellas es la Municipalidad de Curridabat mediante el acuerdo dictado por el Concejo Municipal en el acta 134-2022 señala el beneficio de este plan.
“Debe dictaminarse positivamente pues establece legalizar la producción, industrialización, venta y consumo. Facilita al 17,7% de la población que consume marihuana y que según la última encuesta tiende a al alza, permite arrebatar dicho comercio a los traficantes y al narcotráfico, convirtiendo la actividad en una actividad productiva”, dice el documento enviado al foro legislativo.
Otro argumento está relacionado con permitirle al Estado concentrarse en la salud pública y a la vez, destinar los recursos limitados a la prevención.
Hay otros criterios donde las entidades señalan que debido a que no hay impacto sobre la institución, no se oponen o bien, indican que no les corresponde emitir alguna observación.
Entre ellos, la respuesta del Consejo Nacional de Producción (CNP) donde se señala que a pesar de no tener observaciones de fondo ni de forma, “así como tampoco legales al precitado proyecto, nos encontramos a favor de este”, afirmó Adolfo Ramírez, presidente ejecutivo.
Lo mismo sucede con Japdeva, donde no mostraron oposición porque no afecta la autonomía de la institución.
Con respecto al Banco de Costa Rica (BCR), Douglas Soto, gerente general afirma que no emitirán un criterio puesto que no incide con las actividades del conglomerado financiero.
Otros puntos de vista
Otros criterios emitidos se resumen a continuación:
- IAFA: Emitido por Oswaldo Aguirre, Director General. No recomiendan su aprobación. Exponen que contraviene los tratados de fiscalización de drogas y los compromisos contraídos por los Estados miembros de la Organización Mundial de Salud.
“También tiene graves consecuencias para la salud, el bienestar, en particular de la juventud”, concluye. - Senara: Es firmado por Osvaldo Quirós, Gerente General. La entidad informó que no tiene observaciones sobre el proyecto de cita.
- Municipalidad de Tibás: Inicialmente, se hace un análisis por parte de Ruth Esquivel, Coordinadora de Servicios Jurídicos. Allí exponen que el enfoque es acertado y se encuentra ajustado a derecho.
“La norma contiene seguridad jurídica con relación a lo que regula, estableciendo expresamente y con detalle sus prohibiciones, es una realidad innegable que en Costa Rica muchas personas consumen cannabis por lo que se hace necesaria su regulación”. El concejo lo aprobó en sesión del 23 de noviembre. - Municipalidad de Santa Ana: Análisis inicial realizado por Sergio Jiménez, asesor del Concejo Municipal. Señala que se deja de lago al gobierno municipal con excepción de la autorización de establecimientos para la comercialización que deberán contar con su respectiva licencia municipal.
“Considero que la participación municipal debería ampliarse de tal manera que se participe, en el registro de los establecimientos autorizados -control-, en las campañas que alrededor del tema se generen y en el uso problemático de las mismas, habida cuenta de la participación de las policías municipales y su rol preventivo”, destaca en su informe que fue acogido por el Concejo. - Corte Suprema de Justicia: El documento es firmado por Orlando Aguirre, presidente de la Corte.
Señalan que “el texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 167 de la Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento de la Corte”. - INFOOCOP: La entidad remite el análisis realizado por Mauricio Pozos, gerente de asesoría jurídica interino.
“No se enmarca en la competencia conferida por esta norma y tampoco afecta la autonomía del INFOCOOP, esta asesoría jurídica no tiene observaciones o sugerencias de fondo, ni objeciones sobre el contenido de la referida propuesta, por lo que se recomienda abstenerse por constituir un asunto de política legislativa”. - Municipalidad de Grecia: Acuerda no apoyar el expediente pero, no da detalles.
- Municipalidad de Corredores: rechazan el proyecto y no dan justificaciones.
- Municipalidad de Naranjo: destaca que no tiene una afectación negativa al régimen municipal ni a la autonomía municipal.
- Municipalidad de Guatuso: solo se informa que será apoyado después de una votación donde hubo tres regidoras a favor.
- Junta de Protección Social: El documento es firmado por Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta.
Ella dice que no existe objeción dado que no impacta el accionar de la institución. No obstante, recomienda a la comisión el criterio técnico que remite el Departamento de desarrollo de talento humano y la sección médica donde sí objetan el plan particularmente porque se utiliza el término “recreativo” y con ello da una falsa creencia que es segura y que no crea adicción. - Municipalidad de Oreamuno: Es rechazado.
- Municipalidad de Quepos: Están a favor dado que no encuentran posibles afectaciones a los intereses del gobierno local.
“Siendo las comunidades costeras las de mayor turismo nacional y extranjero se presenta una posible solución en cuanto al trasiego, siembra, producción, elaboración, acopio, distribución, comercialización, expendio del cannabis y sus derivados y venta ilegal de cannabis”, puntualiza el informe. - Academia Nacional de Medicina: Se oponen y argumentan que el uso regular de esta droga puede provocar efectos a la salud en el largo plazo como problemas en el corazón, infertilidad, trastornos de ansiedad, tumores, psicosis, entre otros.
- Municipalidad de Alajuela: Se opone.
- Icoder: Piden incluir instalaciones deportivas y recreativas dentro de los lugares prohibidos para el consumo. Asimismo, solicitan recursos para el financiamiento de sus programas de recreación con dineros que vayan a recaudarse por las tarifas de impuesto de renta por la comercialización.
Por último, consideran que se requiere de mayor investigación sobre el impacto que podría tener en áreas del individuo y la sociedad.
“Debe considerarse más seriamente los efectos adversos a la salud que el cannabis provoca en el ser humano basado en la evidencia y, por último reconocer si nuestro sistema de vigilancia de la salud pública (ministerio de Salud) cuenta o no con todo el recurso humano y material para hacer frente a la gran responsabilidad que le está otorgando”, concluye Donald Fernández, Director Nacional de Icoder. - Municipalidad de los Chiles: Acordó no apoyar el plan “porque el país no se encuentra preparado para iniciar con este proyecto de siembra, el cual quedaría a la libre venta a mayores sin saber las reacciones para las personas que lo consuman”.
- Universidad Técnica Nacional: En el documento firmado por el rector Emmanuel González indica que no se oponen, “no roza la autonomía universitaria y es acorde con los fines y principios de la universidad”.
Estos criterios son adicionales a los expuestos de forma presencial por otras organizaciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Colegio de Médicos, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Ministerio de Salud y otros.
Por ejemplo, el OIJ advirtió que la legalización de la marihuana tendría más consecuencias negativas que positivas, mientras que el Colegio de Médicos lo compara con los efectos del licor.
El ICD no se mostró a favor ni en contra, pero dejó claro que debe ser una actividad solo para mayores de edad.
Los diputados de este foro esperan culminar la discusión sobre este expediente en este 2023.
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