Mariana Mena
“Estoy muy molesto y decepcionado”. Así reaccionó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, sobre los incumplimientos que se reportaron a lo interno de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).
“Yo estoy muy molesto y decepcionado, porque un alto funcionario miembro del comité de vacunación no tuvo el cuidado de estar debidamente nombrado.
“La confianza es la base de un sistema de salud pública. Al no asegurarse que todo se hiciera a derecho limita esa confianza de la población”, indicó en una entrevista telefónica con El Observador la noche de este viernes.
El pasado miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, informaron que los nombramientos de dos integrantes de la CNVE estaban vencidos.
“Un representante de la Caja y otro de la Asociación Costarricense de Pediatría, el señor Marvin Piva, cuyo nombramiento finalizó en 2020 y el señor Óscar Porras Madrigal que no tiene nombramiento desde principios de este año”, informó Chaves en conferencia de prensa.
Hasta el momento las dos personas aludidas no han emitido su posición ante los señalamientos del Ejecutivo.
Tanto Chaves como Chacón aseguran que dada este situación en la CNVE, todas las decisiones tomadas “son ilegales”. Entre ellas las recomendaciones de obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19 así como la compra de dosis.
“Nadie se está cuestionando. Es cierto que el doctor Hugo Marín Piva estaba participando en los actos administrativos y no estaba nombrado a derecho”, afirmó Ramos.
“Al oír que las personas que los persuadieron de vacunarse y, más allá, los obligó… es la misma que estaba en contra de la ley. Es una situación muy complicada”, finalizó el jerarca de la CCSS.
Vacuna obligatoria
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó este viernes que se mantiene la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19 para los empleados de la institución hasta que el mandatario Rodrigo Chaves no firme un nuevo decreto.
Este decreto vendría a derogar el que permanece vigente y que estipula dicha obligatoriedad para los empleados públicos y privados con respecto al biológico.
Así lo afirmó Ramos tras una publicación sobre el tema hecha por el diario La Nación.
“Nosotros necesitamos que el Presidente derogue el decreto que establece la obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19.
“El decreto presidencial que estipula la obligatoriedad fue sustentado en su momento por la Comisión Nacional de Vacunación (y Epidemiología)”, señaló el jerarca.
De acuerdo con Ramos, de momento la institución no puede acatar la orden -emitida por Chaves el miércoles pasado después de Consejo de Gobierno- de que las vacunas no sean obligatorias para los trabajadores sanitarios.
“En el momento que las cosas cambien con los nombramientos de la Comisión Nacional de Vacunación y se cambie el texto de la recomendación de obligatoriedad, el Presidente debe firmar un nuevo decreto”, insistió Ramos.
La otra opción es que el anterior decreto presidencial sea declarado con nulidad, pero de acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la CCSS no es un proceso administrativo expedito.
“Formalmente no podemos opinar de algo que no ha ocurrido aún, en el momento que se proceda con la nulidad o nuevo decreto lo vamos acatar de manera inmediata”, enfatizó.
Lo que dispuso la CNVE y la respuesta de Salud
Un documento con fecha del 30 de junio le hace ver al presidente de la CCSS una serie de observaciones sobre la obligatoriedad del biológico.
También hace hincapié en los procesos administrativos contra los funcionarios que se han negado a vacunarse.
El texto es firmado por el gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, que indica lo siguiente:
“La obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 para todas las personas funcionarias públicas y para las personas trabajadoras del sector privado responde al acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología No. XLV-2021 del 23 de setiembre de 2021.
“Conforme a lo dispuesto en Acuerdo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, mediante Decreto Ejecutivo No. 43249-S del 7 de octubre de 2021, se estableció que a partir del 15 de octubre de 2021 será obligatoria la vacunación contra covid-19 para todos los funcionarios del sector público.
“También para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.
“Si una persona funcionaria pública o trabajadora del sector privado, para quien la persona empleadora ha dispuesto la vacunación como obligatoria en su centro de trabajo, se niega de manera manifiesta, reiterada e injustificada a vacunarse, quedaría facultada la persona empleadora para proceder con el despido sin responsabilidad patronal, de conformidad con el inciso h) del artículo 81 del Código de Trabajo”.
Ante esto, el Ministerio de Salud informó que ya está trabajando en los análisis sobre las decisiones de la CNVE bajo la ilegalidad.
