Josué Alvarado
El 7 de diciembre del 2022 el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que denunciaría ante la Fiscalía a cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al entonces presidente, Álvaro Ramos.
Sin embargo, cuatro meses después, este 11 de abril del 2023, los ahora exdirectivos -que fueron removidos por la Administración Chaves Robles- dicen que no han sido notificados sobre dicha denuncia.
“No hemos recibido ninguna notificación hasta el momento”, respondió la exdirectiva Martha Rodríguez, quien representaba a los trabajadores antes de que el Gobierno decidiera removerla del cargo.
Fue el legislador liberacionista Francisco Nicolás quien preguntó si el Gobierno realmente presentó las denuncias ante la Fiscalía, como le dijo a la ciudadanía que lo haría en una conferencia de prensa, o si más bien fue un “cuento chino”.
Cuando Rodríguez respondió que no habían sido notificados el legislador dijo que este era un ejemplo de cómo el gobierno amedrentaba a quienes se le opusieran.
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“No solamente lo quitan, si no que después lo persiguen, eso es persecución”, dijo el diputado liberacionista.
Gobierno lo anunció en diciembre
En diciembre del año anterior el mandatario dijo que removía a cinco integrantes de la Junta Directiva de la CCSS “en vista de irregularidades claras, conflictos de interés y el potencial de delito penal”.
Además del expresidente de la CCSS Álvaro Ramos, el Consejo de Gobierno acordó denunciar ante la Fiscalía a:
- Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos
- Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno
- Martha Rodríguez González, del sector sindical
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas
- Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo
Carlos Salazar, Martha Rodríguez y José Luis Loría participaron en la audiencia de esta noche.
Escuche las declaraciones del presidente Chaves de diciembre anterior:
“Pensábamos diferente que el Presidente”
Los exdirectivos coinciden en que el Gobierno les removió de su cargo en diciembre anterior porque tenían distintas visiones sobre el futuro de la institución. En palabras de Carlos Salazar “pensábamos diferente que el Presidente”.
Confirmaron que ellos estaban a favor de continuar con los planes de construcción en todo el país y estaban en contra de que se le aplicara la regla fiscal a la institución.
Por otro lado, dicen que con el expresidente Álvaro Ramos barajaban un plan para que el Gobierno pagara la histórica deuda que mantiene con la CCSS.
Además, estaban cuestionando los estudios actuariales que se hacían a lo interno de la institución y los constantes cambios que se aplicaban a estos documentos, según ellos, para comodidad del Ejecutivo.
“Daño de carácter monumental”
Por último, cuestionan las declaraciones del presidente Chaves en relación a que la CCSS está quebrada y consideran que esto daña la imagen de la institución.
“El daño que se le hace a la institución al decir sin fundamento que está quebrada es de carácter monumental y no le hace nada bien a la institución”, señaló Loría.
Las personas invitadas, la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén y el legislador del Frente Amplio Francisco Nicolás indicaron que estos cambios que hizo el Gobierno en la Junta Directiva y estos mensajes sobre la quiebra de la CCSS es porque buscan privatizar la institución, o al menos algunos servicios como el de Farmacia, Seguridad y Lavandería.
“Yo lo que observo es una nueva Junta Directiva con una directriz muy clara: quebrar la institución.
“Y a ustedes los despidieron porque no eran aplaudidores”, comentó Guillén.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, comentó que según su punto de vista es evidente que el Gobierno tiene un “deseo” sobre la institución que “no es el más sano”.
Por su parte las diputadas representantes del oficialismo, Pilar Cisneros y Ada Acuña, lanzaron críticas en contra de las listas de espera y de asuntos administrativos de la CCSS, como la no publicación de las actas de la Junta Directiva por un periodo superior a un año.
