Paula Ruiz
La última iniciativa aprobada por los diputados del cuatrienio 2018-2022 fue el proyecto de Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio (expediente 22.872) que tuvo 39 votos afirmativos en su segundo debate.
El plan creaba un subsidio mensual equivalente a medio salario base (es decir, ¢231.100) que recibirían las personas dependientes de las víctimas de femicidio.
Este plan se convirtió en la Ley de la República el 30 de mayo de 2022 con su publicación en La Gaceta, según reportó el Ministerio de Justicia y Paz.
Sin embargo, a la fecha esa Ley no se ha cumplido en ninguno de sus puntos, contó Oscar Morera, padre de Eva Morera, víctima de femicidio en 2019 y quien participó en el proceso de promulgación de esta normativa.
La ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, reconoció que “esa ley como algunas, que nacen como con gran entusiasmo pero, no necesariamente con el contenido para que se materialice”.
La ley se impulsó para beneficiar a los “hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio, hasta su mayoría de edad o hasta los veinticinco años de edad, en caso de que continúen sus estudios”.
A familiares “hasta primer grado de consanguinidad o afinidad, que convivían con la mujer víctima al momento del femicidio”. El beneficio además cubriría a personas adultas mayores hasta primer grado de consanguinidad “dependientes del cuidado o manutención de la mujer víctima de femicidio”.
También a personas ”con discapacidad permanente”, familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, que también fueran dependientes de la mujer víctima del crimen.
Esta legislación indica que el Fondo Económico de Reparación Integral se cubrirá con recursos provenientes de permisos de portación de armas, donaciones de sector público y privado así como del porcentaje que anualmente etiqueten y destinen cada una de las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
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Quesada indicó que hasta noviembre, el Ministerio de Hacienda les informó cuánto dinero hay disponible proveniente de estos montos, aunque no lo especificó.
“No ha pasado todavía para acá (hacia el Inamu) porque el sistema no lo reconoce para hacer el traslado”, aseguró.
Lo que sí dijo es que según un estudio realizado por la entidad que dirige, en tres años, ese fondo tendría un déficit de ¢1.000 millones.
De igual forma, la Ley establece en uno de sus transitorios un periodo de seis meses para su respectiva reglamentación pero, dicho documento tampoco está disponible, señaló Morera.
El feticidio de Eva Morera sucedió en 2019. Cortesía Ministerio de Justicia y Paz.
Reformar a un solo pago
El Inamu pretende reformar esta ley para otorgar un monto, una única vez y no, de forma mensual como se establece actualmente.
“La del subsidio permanente mensual sin ninguna restricción es la que no podemos sostener”, afirmó Quesada.
“Les hicimos una propuesta de un monto porque, si al final, el objetivo del fondo es un reconocimiento del Estado, un mea culpa por haberles fallado a estas mujeres brindándoles espacios seguros y libres de violencia, que tienen toda su razón; ese reconocimiento, no necesariamente quiere decir que yo me tenga que comprometer sí o no hasta los 25 años a sostener una persona, independientemente si sigue estudiando”, continuó la jerarca.
De esta manera, la propuesta de un monto único sí permite cumplir con el dinero existente en el Fondo, según expuso.
Por su parte, Moreira confesó que estas propuestas sí le fueron comunicadas aunque no está de acuerdo.
En primera instancia, porque se habló de un monto global que rondaría entre ¢2.000.000 y ¢3.000.000.
En el caso de su nieto, próximo a cumplir 7 años, tendría que sobrevivir por lo menos 11 años con ese dinero. Eso se traduce en ¢15.000 mensuales.
“A nosotros nos extrañó porque, parte de resistencia de casi 9 meses para no tener un reglamento es porque supuestamente no había plata”, destacó.
Moreira teme que haya un interés en rédito electoral sobre este tema dado que las familias propusieron dejar de percibir por cinco años los recursos (destinados particularmente para huérfanos de madre) con tal de que el fondo madure.
Sin embargo, confesó que se les indicó como máximo deberían de ser dos años, coincidiendo tiempo de elecciones nacionales.
“Las familias estuvimos de acuerdo en esperar cinco años a pesar de que va haber niños y niñas que no van a recibir el beneficio pero, pensamos primero en la sostenibilidad del fondo y que el fondo sea mantenido y sostenido para todos los niños que van a venir”, comentó.
A su criterio, hay una visión cortoplacista de la entidad y un afán por no hacerse responsable de este fondo.
Pese a este escenario, la Ley autoriza en el artículo 11 a que el Poder Ejecutivo realice asignaciones y modificaciones presupuestarias con el objetivo de cumplir con esta normativa.
Una de las justificación de Quesada sobre la sostenibilidad del fondo tiene que ver con que debe de darse el subsidio a quienes hayan perdido a su familiar por femicidio a partir de 2007.
No obstante, Morera respondió que “la ley establece que el pago no es retroactivo sino que en momento en que se empiece a resarcir el fondo, las personas que califiquen van a recibir el dinero”.
Esta iniciativa se presentó a la corriente legislativa en enero de 2022 y en su redacción participaron las familias.
Pese al interés del Inamu por presentar la reforma a la Asamblea Legislativa, Morera adelantó que estarían en contra.
Nada se cumple
Esta legislación también establece la atención prioritaria para las personas beneficiarias de este régimen a algunos servicios.
En específico indica:
- Atención médica, psicológica y psiquiátrica continua en la Caja Costarricense de Seguro Social
- Becas de estudio en todo el proceso educativo, desde preescolar hasta la educación superior pública.
- Bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional
- Asesoría y representación legal gratuita en procesos administrativos y judiciales relacionados con el feticidio
Morera concretó que ninguno de esos puntos se cumple. Destacó que hay familias quienes recurren a solicitar beca mediante esta legislación y en las instituciones desconocen por completo esta ley.
Entre 2016 y 2022, 200 personas perdieron a sus madres por un femicidio. De esa cantidad, 147 eran menores de edad al momento del asesinato, según datos del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Poder menores de edad al momento en que sus mamás fueron asesinadas.
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