Allan Arroyo
La Fiscalía General dirigió este miércoles un allanamiento en un bufete legal situado en Los Yoses. El objetivo de la diligencia era la obtención de pruebas documentales y electrónicas como parte de la investigación por una supuesta estructura paralela de la campaña del partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por medio de un comunicado, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que se trata del expediente en investigación número 22-000116-1218-PE.
Agregan que son cuatro personas las investigadas:
- Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República y entonces candidato
- Arnoldo André Tinoco, actual Canciller
- Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del partido y actual diputada
- Waldo Agüero Sanabria, diputado
“Las pesquisas se centran en posibles delitos relacionados con el financiamiento ilegal de partidos políticos, según lo establecido en el artículo 273 del Código Electoral. Se investiga la presunta existencia de una estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD”, agregó la información oficial.
La diligencia de allanamiento fue dirigida por el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, y continuará próximamente, indicó el Ministerio Público.
El allanamiento fue autorizado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ya que algunas de las personas bajo investigación, incluyendo al mandatario, poseen inmunidad.
El Ministerio Público agregó que esta es la única información que pueden suministrar por tratarse de una investigación en curso y según el artículo 295 del Código Procesal Penal, que protege la la privacidad y confidencialidad de esta causa.
Lexincorp es el bufete fundando por el actual canciller Arnoldo André y está ubicado en Los Yoses.
Las investigaciones
La Fiscalía tiene al menos dos investigaciones relacionadas con el esquema de financiamiento que se usó en el Partido Progreso Social Democrático en la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República. Una de las indagaciones la realiza la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y otra de la Fiscalía General.
La primera bajo el número único 22-000210-276-PE, “seguido contra personas que no son miembros de los Supremos Poderes”.
La otra corresponde a un testimonio de piezas del primero, el cual se tramita en la Fiscalía General de la República, bajo el expediente 22-000116-1218-PE y es seguido contra miembros de los Supremos Poderes.
En en el marco de esta segunda indagación que hoy se realizaron las diligencias judiciales.
El 8 de junio del año pasado el Tribunal Supremo de Elecciones emitió envió un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre el tema del financiamiento del partido de Gobierno. Cinco días después, esta oficina lo remitió a la Fiscalía General, a través de una copia digital certificada.
De acuerdo con el informe que el órgano electoral remitió, hay “indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario.
Dice que sería con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático.
Agrega que como parte de este esquema de financiamiento recibieron donaciones de personas físicas, jurídicas y personas extranjeras en las cuentas bancarias “del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova.
Menciona que este mecanismo lo dirigió Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración la confiaron a Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A.
A la vez, adujo el TSE que la cúpula del partido Progreso Social Democrático “en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpizar habría conocido y participado en este esquema financiero”, al procurar -en apariencia- reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso.
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