Paula Ruiz
La Defensoría de los Habitantes presentó este lunes una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley que pretende ampliar la vida útil de las unidades de autobús de los años 2007 y 2008.
Esa acción frena la votación en segundo debate de dicho expediente de ley, cuyo trámite estaba previsto para esta semana. Para la Defensoría, el proyecto 23.782 es un “total irrespeto” para los derechos de las personas con discapacidad que son usuarias de transporte público.
“Llama la atención de esta Defensoría que dicho proyecto no fue consultado a las personas con discapacidad, a pesar de que tiene repercusión directa en el ejercicio de sus derechos, y en general, de sus vidas.
“La consulta no puede verse como una simple norma programática sino un derecho que se enmarca dentro de la categoría a la participación política”, especificó la entidad mediante un comunicado de prensa.
La defensora, Angie Cruickshank, envió un oficio este lunes a todas las diputaciones. En el texto expone los motivos por los cuales tomó esa decisión y, a la vez, para oponerse a la iniciativa de ley.
Lo que dice la Defensoría
A su criterio, expondría a las personas a tener que viajar en “unidades viejas” con más de 15 años de antigüedad y, a la vez, pagar más por los “pases”.
Los diputados tendrán que esperar a que los magistrados de Sala Constitucional resuelvan la consulta. Ellos darán las líneas a la Asamblea Legislativa en el sentido de que se pueda corregir algún aspecto detectado como inconstitucional u otra vía.
En esta línea, la Defensoría solicitó al tribunal constitucional declarar que el plan infringe el derecho de consulta a las personas con discapacidad contemplado en el artículo 4 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Igualmente el numeral 5 de la Convención Interamericana Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
Además, de tener la tesis de que infringe los artículos 9 y 33 de la Constitución Política, entre otras regulaciones.
“Ya es hora que como Estado nos aboquemos al cumplimiento de los derechos de las poblaciones con discapacidad. El camino no es violentar derechos sino garantizarlos”, manifestó Cruickshank.
Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, presentó el documento ante la Sala Constitucional. (Cortesía Asamblea Legislativa)
Qué busca el proyecto
Se trata de un transitorio a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial en el que se especifica que solo aplica para micro, pequeñas y medianas empresas.
Esto según la clasificación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como para las cooperativas del sector de transporte público ubicadas en alguna de esas categorías.
Se especifica que es para unidades de los años 2007 y 2008 y el tiempo adicional comienza a regir desde el momento cuando se convierte en Ley de la República.
“Las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de antigüedad y se acojan al plazo adicional establecido en el presente transitorio, deberán realizar la inspección técnica vehicular cada cuatro meses.
“Y, además, cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N.°7600, y su reglamento”, señala el expediente de ley.
Este proyecto surgió como alternativa a la iniciativa 22.530 denominado “Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica provocada por el COVID-19”, que pretende ampliar a 20 años la vida útil de los autobuses por una única vez.
El plan se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos.
La Defensoría criticó que no hay regresividad en cuanto a derechos humanos y recordó que en 1996 cuando se aprobó la Ley 7.600 contenía un transitorio. Este estableció que la flotilla de autobuses tenía un plazo de 7 años para acoplarse a esta legislación.
Sin embargo, en 2006 se dio una prórroga por ocho años y se adicionó que los autobuses con más de 15 años de fabricación no podían circular.
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