Gustavo Martinez
La fracción del partido Frente Amplio (FA) presentó un recurso de amparo, ante la Sala Constitucional, en contra del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por los recortes al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Así lo informó el diputado frenteamplista Jonathan Acuna, a través de un video en sus redes sociales, este sábado 23 de marzo.
El recurso ante los magistrados se debe a la postura del Ministerio de Hacienda de no girar el monto del presupuesto obligatorio al Fodesaf, acto contrario a lo establecido por ley.
En este 2024, el Estado giró ¢193.000 de los ¢255.000 que obliga la legislación como mínimo, es decir, ¢62.000 millones menos. Así lo dio a conocer El Observador desde el pasado 22 de febrero.
“Tenemos certificado por la propia Dirección Nacional de Presupuesto que este año 2024 no se incorporaron más de 62.000 millones de colones que por ley está obligado el Ministerio de Hacienda a aportar al Fondo que corresponde para toda esta inversión social”, manifestó Acuna en el video.
“Este tipo de recortes afectan derechos fundamentales como derecho a la educación, porque termina implicando recortes a las becas Avancemos. También implica violentar protecciones especiales que establece la Constitución a la niñez, a las personas adultas mayores.
“Por eso, al violentarse esos derechos fundamentales, es necesario que la Sala Constitucional le ponga límite a este recortismo absurdo y que le indique al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que esos recursos deben incorporarse completos al presupuesto de este año 2024”, amplió el diputado.
El recurso se presenta luego que algunos diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional (PLN) y el Liberal Progresista (PLP), han insistido en espacios de control político por una mayor inversión social del Ejecutivo.
Critican que el Gobierno tiene como prioridad la situación fiscal del país por encima de la materia social.
Más señalamientos
A la acción del Frente Amplio se le suma una denuncia de siete diputados, a finales de febrero, ante la Contraloría General de la República (CGR) y en contra de Acosta por el incumplimiento de la ley sobre los fondos de Fodesaf.
El jerarca reconoció, en ese momento, que no hay dinero para cumplir con este mandato legal, y que esta es la misma situación que se da con el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación que tampoco se cumple, o bien, el pago de la histórica deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Las demandas de la sociedad están por encima de la capacidad del Estado. No hay diferencia entre esta demanda y el 8% para la educación o pagarle las cuotas estatales a la CCSS”, dijo Acosta.
“Hay decisiones que están fuera del ámbito del Gobierno para poder hacerle frente”, señaló el jerarca.
Cuando la prensa le preguntó al ministro sobre esos mondos pendientes, el jerarca devolvió el cuestionamiento: “¿De dónde los vamos a tomar (los recursos)?”, dijo.
El cumplimiento de la ley, dijo el jerarca, se va a dar conforme logren crear el espacio fiscal para poder invertir en salud, educación y en atención de la pobreza en Costa Rica, aunque la ley obliga a los gobiernos a destinar montos mínimos para estos rubros.
“Nadie está obligado a lo imposible”, finalizó el jerarca.
Director del fondo asegura que hay un “incumplimiento legal”
El director del fondo, Luis Ávalos, aseguró que hay un “incumplimiento legal” por parte del Gobierno debido a que no le trasladan el presupuesto mínimo establecido por la ley para atender a la población en condición de pobreza.
Ávalos confirmó que esta situación se da desde el año 2020 y por todos los posteriores. Es decir, tanto en la administración Alvarado Quesada como en la actual.
A pesar de que él ocupa el cargo desde julio del 2022, nunca denunció lo que estaba ocurriendo en la vía judicial.
Ahora corresponderá tanto al ente contralor y a la Sala Constitucional dictaminar un posicionamiento ante las situaciones denunciadas por los diputados.
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