Paula Ruiz
El Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional sumaron diez firmas para frenar la votación en segundo debate de la iniciativa que busca disminuir el plazo para la condonación de deudas de los trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para la tarde de este jueves se tenía prevista la votación, sin embargo enviaron una consulta a la Sala Constitucional. Este tribunal constitucional tiene 30 días naturales para responder a los cuestionamientos de los diputados, plazo que rige a partir de que los magistrados reciban toda la documentación necesaria para el análisis.
La consulta fue realizada por los seis diputados del Frente Amplio, más cuatro del PLN. Ellos son:
- Jonathan Acuña del Frente Amplio
- Rocío Alfaro del Frente Amplio
- Sofía Guillén del Frente Amplio
- Antonio Ortega del Frente Amplio
- Priscilla Vindas del Frente Amplio
- Ariel Robles del Frente Amplio
- Dinorah Barquero del PLN
- Gilberth Jiménez del PLN
- Rosaura Méndez del PLN
- Pedro Rojas del PLN
La consulta fue recibida a las 3:19 p.m. de este jueves por la Sala Constitucional.
Dentro de los puntos que buscan evacuar está el plazo de prescripción y si hay violación a la autonomía de la CCSS, específicamente por lo establecido en el Transitorio I.
En ese apartado se busca establecer un plazo para realizar ajustes administrativos que permitan la implementación de la ley que se pretende.
“Consideramos las diputaciones consultantes, que dicha norma transitoria viola la autonomía administrativa y de gobierno de la CCSS, al establecer la obligación de emitir reglamentaciones bajo las condiciones que le instituye el proyecto de ley, así como por establecer plazos para realizar ajustes internos en la institución que se refieren a sistemas de información”, destaca la consulta.
“Pretender obligar a la CCSS a realizar ajustes en sus sistemas de información, representa una intervención irregular sobre su autonomía para disponer de sus recursos de la forma más conveniente para ejercer el gobierno de los seguros sociales”, continúa el documento.
El proyecto de ley
“El proyecto pretende apoyar al trabajador independiente, a esas miles de personas que se encuentran en la informalidad porque no están al día ya sea porque nunca se inscribieron o se inscribieron y luego su negocio no fue lo suficientemente solvente para seguir honrando esa deuda”, explicó Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC.
“Buscamos que las deudas prescriban en 4 años y buscamos que por una única vez, el trabajador ya inscrito pueda ir a indicar que su deuda se adecúe a 4 años y no a 10 años”, destacó Rojas.
El plan fue presentado por el exdiputado Pedro Muñoz, en el Congreso anterior, razón por la cual es la bancada del PUSC la principal impulsora.
El proyecto se aprobó el lunes pasado en primer debate.
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