Hermes Solano
El Poder Ejecutivo convocó este martes dos nuevos proyectos de ley para las sesiones extraordinarias, pero se tratan de los primeros proyectos generados por ellos en este inicio de gobierno.
A las 5:30 p.m. los entregaron en la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, aunque habían sido prometidos desde este lunes por la jefa de fracción de Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros.
Las dos iniciativas son:
- Ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros
- Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción
El primero se refiere a la eliminación de 17 órganos desconcentrados que se devolverían al ministerio rector. Lo que se busca es eliminar duplicidades funcionales.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer algunas precisiones jurídicas que fueron mal concebidas en algunas leyes, además de ordenar la institucionalidad pública a fin evitar tener gran dispersión institucional sin claridad de competencias desconcentradas”, dice el proyecto.
“En algunos casos se propone eliminar la desconcentración y la personalidad jurídica conferida, avocando la competencia al Ministerio respectivo”, añadió.
“Al avocar la competencia, básicamente las funciones que realizaba el órgano ahora serán asumidas por el Ministerio o desde otro órgano, suprimiendo la institución en cuestión”.
Los órganos
Esta es la lista de los órganos que el gobierno quiere suprimir con esta nueva ley:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (Ciama)
- Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis)
- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
- Auditoría General de Servicios de Salud
- Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem)
- Junta Administrativa y Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
- Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
- Órgano de Normalización Técnica
- Dirección General de Servicio Civil y Tribunal Administrativo de Servicio Civil
- Dirección General del Archivo Nacional
- Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático
- Casa de la Cultura de Puntarenas
- Parque Marino del Pacífico
- Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac)
- Comisión Costarricense de Cooperación con Unesco
- Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano
Según el proyecto, el ahorro que tendría el Gobierno Central sería de poco más de ¢17.000 millones al año.
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(Archivo/El Observador)
El otro proyecto
El segundo proyecto convocado es la Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción.
Lo que se busca es adicionar una reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal (Ley N° 7594) con un nuevo inciso, que permita facilitar la persecución y sanción de los delitos relacionados con formas de corrupción que atentan contra la institucionalidad costarricense.
“Para tal fin se propone un inciso que permita al Ministerio Público no perseguir al funcionario público o privado que delate hechos y personas cuyas conductas encuadren en delitos contra la Administración de Justicia, los Deberes de la Función Pública, la Hacienda Pública o el Deber de Probidad”, dice el proyecto.
Eso teniendo en cuenta algunos factores que se detallan:
- La conducta del funcionario público o de la persona privada que denuncia, sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita
- Que la información suministrada sea útil, pertinente y eficaz para:
- Evitar que continúe el delito o se perpetren otros;
- Ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos;
- Pruebe la participación de otros imputados
