Allan Arroyo
Por medio de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de la República de Costa Rica expresó “su más enérgico rechazo” a la orden de captura que emitió Rusia contra el costarricense, Sergio Ugalde Godínez, juez de la Corte Penal Internacional.
La Casa Amarilla considera que la medida del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia “busca intimidar el ejercicio de la justicia penal internacional y evitar la rendición de cuentas”.
Costa Rica reiteró el apoyo al costarricense y al trabajo de ese órgano internacional.
“Represalia e intimidación”
El gobierno tico considera la orden de captura emitida por Rusia como una represalia e intimidación por las daciones que ha tomado la Corte.
“El 19 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños desde Ucrania a Rusia”, citan en el comunicado.
Como consecuencia de esta decisión, “el 20 de marzo el gobierno ruso emitió una orden de captura contra el Fiscal de la CPI y otros funcionarios, a la cual se sumaron órdenes posteriores, que actualmente incluyen también al Presidente y Vicepresidenta de la Corte y a otros jueces”, amplían.
Ayer, 8 de noviembre, se sumó a esa lista el juez Ugalde Godínez, como uno de los tres que emitieron la orden de arresto contra el presidente Putin.
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Apoyo a la CPI
“Costa Rica reitera su más firme apoyo a la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios electos y a su personal, expresado en ocasiones anteriores, ante los intentos de Rusia de socavar el mandato internacional de la Corte y evadir así el alcance de la justicia penal internacional”, reafirma el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“La Corte Penal Internacional se constituyó como el primer tribunal penal internacional permanente. Su misión es poner fin a la impunidad de los responsables de crímenes graves que afectan a la comunidad internacional: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión, y brindar justicia a las víctimas”, sumó la Cancillería.
La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Costa Rica firmó el Estatuto en el año 1998 y depositó el instrumento de ratificación en el 2001, en apoyo a este organismo.
