Voz de América
El gobierno de Daniel Ortega aceleró la persecución contra la Iglesia católica ordenando el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis en Nicaragua.
Así lo denunciaron miembros del clero, quienes señalaron a la Voz de América su deseo de mantener sus nombres en reserva.
De igual manera, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que recopila los ataques contra sacerdotes en el país, reaccionó ante esta medida.
A ella recientemente se le citó en un informe del Departamento de Estado sobre los ataques a la Iglesia católica.
De acuerdo con ella, este hecho se da tras la detención esta semana de dos sacerdotes al norte del país. Ellos son investigados por las autoridades policiales por haber dirigido una organización religiosa que fue clausurada.
“Una asfixia sin precedentes”
A criterio de la abogada, el gobierno de Ortega busca “una asfixia sin precedentes” en contra de la Iglesia católica, a la cual el mandatario ha tildado de ser “golpista” por albergar en sus templos a manifestantes antigubernamentales en el año 2018.
“Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen una guerra declarada en contra de la Iglesia católica”, agregó.
Un sacerdote que pidió no ser identificado por temor a represalias señaló que hasta el momento se tiene confirmado que la suspensión de cuentas bancarias abarca a Managua.
También a las Diócesis de Matagalpa y Estelí, al norte del país, las cuales estaban administradas por el obispo Rolando Álvarez, encarcelado por la administración de Ortega y sentenciado a 26 años de prisión.
“La intención es acabar con la Iglesia”, lamentó el religioso.
Gobierno no se ha pronunciado
Medios locales como Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro indican que la suspensión de cuentas bancarias se extendió a todas las iglesias del país.
El gobierno de Ortega no se ha pronunciado al respecto; el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes declinó a una solicitud de comentarios realizada por la VOA.
Asimismo, el diario El País reportó este sábado sobre el bloqueo de las cuentas citando fuentes eclesiales no identificadas, pero también dejan claro que ni los bancos ni el Gobierno de Ortega se han pronunciado al respecto.
