Tomás Gómez
Mientras diputados, sectores productivos y el Poder Judicial hacen señalamientos a la aprobación del “Acuerdo de Escazú”, la Cancillería se comprometió este miércoles a nivel internacional a seguir impulsando el proyecto.
Así lo comunicó la institución luego de la participación del ministro, Rodolfo Solano, en la segunda reunión de firmantes del Acuerdo.
Sin hacer referencia a las críticas al tratado, Cancillería insistió en eventuales ventajas socioeconómicas que tendría.
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Aunque Costa Rica negoció y suscribió el pacto, este depende de aprobación legislativa donde se han intensificado las dudas.
Tras una votación en primer debate el 13 de febrero, la Sala IV encontró vicios en el procedimiento, lo que forzó a repetir el trámite desde el inicio. La Asamblea no ha avanzado en este proceso y el Gobierno no convocó el proyecto en sesiones extraordinarias.
Escazú amenaza seguridad jurídica
Semanas atrás la Cámara de Industrias expuso un análisis al Acuerdo de Escazú donde fustigó las amenazas que acarrearía la normativa.
El presidente del foro, Enrique Egloff destacó que los vicios del plan incluso entrabarían la generación de empleo.
Entre otras observaciones al Acuerdo, consideraron:
- Se invierte la carga de la prueba y se amplía el margen para medidas cautelares
- Falta lenguaje técnico y no considera otros avances que ya hizo Costa Rica
- Expone al Estado a más litigios internacionales
- Falta claridad sobre las obligaciones financieras que traería el Acuerdo
El último punto coindice con la advertencia hecha por la Corte Suprema de Justicia en mayo, cuando señaló que el Acuerdo afectaba al Poder Judicial y se pidió determinar de dónde saldrían los fondos para los ajustes requeridos.
Nuevo paradigma para temas ambientales
El Acuerdo de Escazú fue el resultado de años de conversaciones entre varios países de la región.
Tras la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en el 2012 arrancaron las negociaciones lideradas por Costa Rica y Chile hasta la firma del Acuerdo final en 2018.
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Entre otros puntos, se regula el acceso a al información y los procesos ambientales, así como la protección para activistas.
Hasta la fecha, el Acuerdo ha sido ratificado por 11 países, uno menos de los necesarios para entrar a regir.
