AFP
(Nueva York). Donald Trump Jr, el hijo mayor del expresidente estadounidense Donald Trump, empezó a ser interrogado este miércoles en el juicio civil que tiene lugar en Nueva York por fraude financiero que amenaza el imperio inmobiliario familiar.
De 45 años, Donald Trump Jr es el primero del clan familiar que ofrece su testimonio ante el juez instructor Arthur Engoron. El jueves, le seguirá su hermano Eric Trump, de 39 años.
Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.
Al igual que su padre, están acusados por la fiscal general del estado de Nueva York, el equivalente a ministra de Justicia, Letitia James, de inflar los activos del grupo en cientos de millones de dólares para obtener préstamos bancarios más ventajosos y mejores condiciones de los seguros.
“Deje a mis hijos en paz, Engoron. Usted es una vergüenza para la profesión judicial”, escribió la pasada noche Donald Trump en su red Truth Social sobre el juez instructor del caso, Arthur Engoron.
Fiel a su estilo, también ha tildado al juez de “loco, totalmente desequilibrado y peligroso” y de “hacer el trabajo sucio al Partido Demócrata” para impedirle volver a la Casa Blanca y a James de “corrupta”.
Desde el inicio del juicio, el pasado 2 de octubre, el juez ya le ha impuesto al multimillonario sendas multas -de 5.000 y 10.000 dólares-, por arremeter contra la secretaria judicial del tribunal que lo juzga.
Si el juez se ciñe al calendario, el republicano, de 77 años, será interrogado el lunes, exactamente un año menos un día antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, a las que espera concurrir para volver a la presidencia de Estados Unidos.
Aunque no está implicada, su hija, Ivanka, que dejó la Organización Trump en 2017 para incorporarse a la Casa Blanca como asesora del 45º presidente, está convocada dos días después de su padre como testigo, pero este miércoles apeló la decisión del juez de interrogarla.
Donald Trump Jr. y la abogada Alina Habba (izq.) se sientan en la sala del tribunal para el juicio por fraude de la Organización Trump en la ciudad de Nueva York el 1 de noviembre de 2023. (AFP)
“Fraudes repetidos”
Asociados desde hace tiempo al negocio familiar, Donald Jr y Eric Trump asumieron las riendas de la Organización Trump cuando su padre llegó a la Casa Blanca.
Los abogados sostienen que la valoración de los activos del grupo, como la Torre Trump y el edificio del 40 de Wall Street, fueron subjetivas pero sinceras, y que los bancos no perdieron ni un solo dólar por prestar dinero a la Organización Trump.
Pero según Michiel McCarty, director del banco de inversiones M.M. Dillon & Co, que subió al estrado el miércoles como perito, los bancos prestamistas, como el Deutsche Bank, podrían haber fijado tipos de interés más altos si hubieran tenido una imagen menos halagüeña de la situación financiera de Donald Trump.
Revisó cuatro préstamos para financiar proyectos en torno a un campo de golf en Florida, dos hoteles de lujo en Washington y Chicago, así como el 40 de Wall Street, y estimó las pérdidas por intereses en 168 millones de dólares entre 2014 y 2023. Este cálculo fue impugnado por la defensa.
Presente regularmente en las audiencias, Trump, favorito en las encuestas para las primarias republicanas, transforma cada una de sus idas y venidas por los pasillos del tribunal en una miniconferencia de prensa y posa como víctima de una maquinación judicial, como en los otros cuatro casos en los que se enfrenta a cargos penales, en particular por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020.
Su presencia en las vistas es también señal de la importancia que le da al caso. Aunque no irá a la cárcel, el juicio podría acarrearle la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, además de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.
Incluso antes de que comenzara el juicio, el 2 de octubre, el juez Engoron dictaminó que la fiscalía había presentado “pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobrevaloraron los activos” en entre “812 millones (y) 2.200 millones de dólares”, dependiendo del año.
Como consecuencia del “fraude reiterado”, ordenó la liquidación de las empresas, una auténtica bomba judicial y patrimonial, pero su decisión fue suspendida en apelación.
