Paula Ruiz
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el sistema de emergencias 9-1-1 podrían verse excluidos de la aplicación de la regla fiscal que impone un límite de gasto.
Con respecto a la primera institución, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico avaló la propuesta mediante el dictamen afirmativo del expediente 22.568.
El plan es que el ICD pueda disponer de forma eficiente los dineros decomisados y comisados que tienen como destino específico el cumplimiento de programas preventivos y represivos.
La ley establece que los bienes y dineros decomisados que forman parte de un caso en conocimiento de las autoridades judiciales, antes de que se dicte una sentencia que afecte a sus dueños deberán depositarse en cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas, informó el Congreso.
El ICD podrá invertir el dinero en los bancos estatales, con el fin de obtener un rendimiento, e igualmente podrá destinarlo a la compra de equipo para la lucha antidrogas. En ambos casos tendrá que garantizar previamente que de no proceder el comiso, devolverá el dinero.
Mientras tanto, este jueves el Plenario aprobó dispensar de todo trámite el proyecto de ley que busca excluir al sistema 9-1-1 de la regla fiscal.
En este caso, el plan sería para toda la institución y no para un programa específico como en el caso del ICD.
Con la dispensa, el proyecto se garantiza un trámite más expedito en el Congreso.
Otro excluido
A finales de febrero, los diputados aprobaron excluir el canon de Japdeva de la aplicación de la regla fiscal.
“El canon es de gran importancia para la provincia de Limón y con esta iniciativa, estaríamos quitándole las amarras que sujetan a Japdeva a disponer de esos recursos, que tal como se muestra en el Contrato de Concesión, tienen un destino específico y estaríamos cumpliendo con una deuda con la provincia de Limón”, indica el texto aprobado.
El proyecto lo promovió el liberacionista David Gourzong. Dentro de la exposición de motivos, se señala que “carece de sentido” que los entes públicos se vean obligados a disminuir recursos que vienen en beneficio de la provincia.
La propuesta no excluye a Japdeva de la regla fiscal sino, exclusivamente el canon, defendió Gourzong.
“Es urgente reactivar la economía pues nada hacen los recursos acumulados en una cuenta bancaria sin ponerlos a generar fuentes de trabajo y promover el desarrollo social”, expuso el legislador.
Las primeras instituciones que fueron excluidas de aplicar la regla fiscal fueron las municipalidades de todo el país.
La regla fiscal se incorporó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como medida para evitar un crecimiento en el gasto.
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