Tomás Gómez
Una de las escuchas hechas por las autoridades judiciales al alcalde de San José, Johnny Araya, identificó lo que sería un pago de $5.000 por parte de un desarrollador inmobiliario de San José, al que le ayudó “de manera indebida.
Así consta en la orden de allanamiento, registro y secuestro de la denominada “Operación Diamante”. Un documento de 330 páginas al que El Observador tuvo acceso.
Los hechos denunciados se habrían dado en marzo anterior y el dinero habría servido en parte para pagar los abogados de otro juicio en el que estaba acusado al Alcalde de San José.
“En el mes de marzo del 2021, el Alcalde de San José en investigado Johnny Araya Monge, aceptó la promesa directa de $5.000 dólares ofrecidos por el particular Fuad Farach Abdalah, quien tenía un proyecto en el cantón de San José denominado “Núcleo Sabana” y le estaban cobrando los impuestos relacionados a la construcción del colector de aguas negras”, sostiene el punto 3.1.2.5. del informe policial.
“A cambio Araya Monge realizó un acto contrario a sus deberes por cuanto se interesó en generar un beneficio para el empresario, ya que, lo instruyó para que presentara una nota ante el jefe de permisos de construcción de la Municipalidad de San José, indicando que la reducción o exoneración del impuesto de construcción por el proyecto incluía también la construcción de dicha obra. Una vez presentada la nota, Araya Monge se comprometió a intervenir en función del otorgamiento de este beneficio para lo cual le solicitó la remisión del documento presentado”, agrega.
Dinero para pagar abogados “de otro nivel”
La Operación Diamante sustenta parte de sus alcances en escuchas telefónicas hechas a varios funcionarios, entre ellos el alcalde Araya.
Así fue como las autoridades judiciales captaron la comunicación entre el político y Fuad, en la que tras intercambiar saludos entraron en materia.
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Como primer punto tuvieron el juicio que por entonces enfrentaba Araya. Ahí el constructor habría ofrecido ayuda para que Araya pagara su abogado y ambos insistieron en que el proceso legal era “injusto”.
Tras insistir en que se trataba de un caso de politización de la justicia, los hablantes pasaron a tocar el tema de los abogados. Ahí Araya detalló que tuvo que contratar defensores muy caros.
Como respuesta, Fuad ofrece una ayuda de “cinco mil”, que el alcalde agradeció “muchísimo.
Pagos para “Juan Pérez”
Del agradecimiento por la oferta de ayuda, la conversación giró entonces al ver la forma de entregar el dinero.
La primera opción era un depósito bancario, que descartaron por posibles suspicacias, pasando así a valorar la entrega en efectivo o la transferencia a un tercero.
Una escucha adicional dio pie a la hipótesis de que el pago finalmente se hizo mediante la cuenta de una familiar del alcalde.
Siguiente tema: las aguas negras
Zanjado el tema económico, la conversación pasó a la siguiente etapa. En ella ya se conversó de cobros que se hacían en la construcción.
El dilema principal surgía de un cobro de impuestos que excedería los beneficios que ya tenía el proyecto.
Es ahí donde a criterio de las autoridades judiciales se habría dado la asesoría del Alcalde, quien les explicó el proceso a seguir ante una instancia interna del municipio y les pidió mandarle evidencia.
“Johnny Araya Monge, habiendo aceptado la suma de dinero antes dicha, se interesó en generarle un beneficio indebido al empresario, ya que lo instruyó a redactar una carta dirigida al jefe de permisos de construcci6n de la Municipalidad con el fin de que tales impuestos fueran reconocidos dentro del mismo proyecto, brindando una asesoría privilegiada e indebida, que resultó del convenio que mantuvieron sobre el pago de los $5000 (dólares)”, dice el análisis judicial.
Ojo en las obras públicas municipales
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa.
También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
Tras los allanamientos, se detuvo a seis alcaldes (incluyendo a Araya), cinco funcionarios y otras dos personas implicadas.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
