Hermes Solano
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 22.836. Se trata de una reforma al Código Procesal Penal que pone plazos relativamente cortos a los jueces para ordenar allanamientos.
Esta reforma es parte de la lista de proyectos que consensuaron en varias reuniones los Supremos Poderes y que pidieron el fiscal general, Carlo Díaz, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
El proyecto define que los jueces tendrán entre tres y cinco días hábiles para ordenar los allanamientos que deben hacer las autoridades judiciales.
Se definió un plazo máximo de hasta tres días hábiles para los casos de tramitación ordinaria. En los casos de aquellos con declaratoria de procedimiento especial o de tramitación compleja serán cinco días.
Esta iniciativa se había aprobado en primer debate el 1 de agosto, pero ante la solicitud de los jueces, no se votó en segundo debate. Se le aprobó una moción para retrotraerlo y hacerle unos cambios al texto respecto a los plazos.
En principio, el texto original definía en cinco días el plazo máximo para que los jueces pudieran determinar la orden de allanamiento. Eso se bajó con una moción a solo 48 horas.
Los mismos juristas consideraron que ese tiempo era muy corto y que no es el ideal para este tipo de trámites, por lo que acordaron con los diputados encontrar un punto medio.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, impulsó la reforma al Código Procesal Penal que pone plazos relativamente cortos a los jueces para ordenar allanamientos. (Cortesía Asamblea Legislativa)
OBSERVE MÁS: Devuelven a primer debate proyecto que agilizaría allanamientos judiciales para variar los plazos
Segundo en importancia
Los jueces, eso sí, habían hecho una solicitud para que los plazos quedaran entre cinco y 10 días hábiles; sin embargo, los diputados lo dejaron entre tres y cinco días.
Esta reforma busca agilizar las investigaciones y no dejar pasar muchos días para realizar los allanamientos, que es donde se recaba mucha de la prueba incriminatoria.
Este es el segundo proyecto en importancia que estaba en la lista que armaron meses atrás desde la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, como parte de las soluciones para combatir el crimen organizado.
El primero fue el de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, aprobado a finales de mayo. Ahora este que ha sido impulsado desde la presidencia del Congreso por Rodrigo Arias.
