Redacción El Observador
El Juzgado Penal de Golfito acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó medidas cautelares en contra de un fiscal auxiliar y una técnica judicial.
Las autoridades investigan a ambos por el presunto cobro de $5,000 a un empresario para eliminar pruebas y buscar la desestimación de un expediente.
El Ministerio Público ordenó la captura del fiscal la mañana del viernes. Tras divulgarse la noticia en los medios de comunicación, se recibió información adicional que llevó a la captura de la funcionaria de apellidos Nuñez Quintero.
La audiencia terminó en la madrugada de este sábado, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Las medidas dictadas contra ambos funcionarios por seis meses son:
- Inhabilitación del cargo
- Impedimento de salida del país
- Firma periódica
- No acercarse ni ingresar a Tribunales
- No perturbar a los testigos
La fiscalía los investiga por el presunto delito de concusión, es decir: “la acción de un funcionario público que, abusando de su posición o funciones, induzca o fuerce a alguien a proporcionar o prometer, de manera indebida, bienes o beneficios patrimoniales, ya sea para él mismo o para terceros”, según el artículo 355 del Código Penal.
La legislación establece penas de dos a ocho años de prisión para este tipo de delito.
La denuncia
El fiscal auxiliar, de apellidos Romero Ruiz, especializado en materia ambiental, habría exigido un pago de $5,000 a un empresario, a cambio de intervenir en un expediente judicial.
El comunicado agrega que el funcionario, presuntamente, removería una prueba importante del caso en investigación, que involucraba un supuesto delito de tala ilegal, con el fin de lograr su desestimación, o archivo de la causa.
Desestimar un caso consiste en una “solicitud de la Fiscalía al Juzgado Penal para que se archive la denuncia o las actuaciones policiales (por ejemplo, un informe o una investigación), cuando: el hecho denunciado no sea delito; no existan pruebas suficientes para acusar; no se pueda proceder, por alguna razón. El caso puede ser reabierto, si fuera necesario”.
La entrega del dinero, para ese presunto fin, no se concretó tras la denuncia del empresario, informó la fiscalía.
Este caso es investigado bajo el expediente 23-000083-1218-PE.
Este viernes, las autoridades allanaron las oficinas y la vivienda del funcionario.
“La Fiscalía General destacó nuevamente la fortaleza del sistema de justicia costarricense, que logró detectar y actuar ante supuestos actos de corrupción interna, y reafirmó su compromiso para velar por el funcionamiento ético y objetivo de su personal”, resalta el comunicado de prensa emitido este sábado.
