Hermes Solano
La legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero denunció al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, ante la Contraloría General de la República (CGR).
Según informó hoy, lo que se busca es una investigación exhaustiva “sobre irregularidades en el accionar del ministro, que exceden sus competencias legales y de rectoría.
La legisladora considera que hay “acciones que obedecen a intereses particulares y comerciales en el sector de los hidrocarburos”.
En la denuncia presentada ante el ente controlar se detalla que Amador ha participado en intercambios de comunicaciones sobre el tema de hidrocarburos con dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Las reuniones se vienen dando desde abril de 2023, dice la diputada “con el propósito de transferir a su despacho el patrimonio documental del Minae relacionado con Hidrocarburos”.
“Este tema corresponde exclusivamente a una agenda energética. ¿Qué está haciendo un ministro de obras públicas y transportes generando reuniones con actores internacionales y buscando cooperación para la exploración y explotación petrolera?”, se preguntó la legisladora.
“Esto no solo resulta absurdo para un país verde como Costa Rica, sino que no hay asidero legal que justifique sus acciones”, añadió.
13 diputados
La denuncia la respaldaron 12 diputados más de distintas bancadas.
Se trata de los compañeros de Cambronero en el PLP: Eli Feinzaig, Gilberto Campos, Jorge Dengo y Diego Vargas. También los frenteamplistas Ariel Robles, Rocío Alfaro, Jonathan Acuña y Antonio Ortega.
Se sumaron los liberacionistas Francisco Nicolás, Monserrat Ruiz y Pedro Rojas, así como la socialcristiana Vanessa Castro.
Según el documento de la denuncia, el jerarca del MOPT Amador asumió la custodia de los documentos del Minae sobre hidrocarburos sin fundamentar esta decisión en un marco legal, excepto por una supuesta instrucción presidencial sin precisión.
“Al no existir instrumentos legales pertinentes que respalden las acciones señaladas, se genera una presunta responsabilidad del jerarca por el incumplimiento de sus obligaciones, tanto en la dirección de sus respectivos ministerios como en el ejercicio de sus funciones sectoriales”, señala la denunciante.
