Con el voto en contra de los cinco diputados oficialistas presentes en el Plenario, y con un total de 41 apoyos, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 23.642 “Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes”.
La iniciativa de la diputada del PLN, Alejandra Larios, busca “crear una estrategia de prevención de violencia, poniendo el tema de la seguridad y la convivencia en la agenda y en las competencias de las instituciones, reconociendo que la solución al problema de la criminalidad debe ser integral e interinstitucional”.
Propone articular y coordinar las acciones preventivas de violencia en personas menores de edad y personas jóvenes, así como por medio de una planificación interinstitucional y sectorial.
“Estamos en favor de la intención del proyecto; sin embargo, tenemos mucha preocupación por los fondos que se le van a quitar al Registro Público”, dijo la diputada Pilar Cisneros, al justificar la oposición de su bancada al plan.
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Prevenir delincuencia
El proyecto propone acciones que permitirán “prevenir y disminuir estos comportamientos violentos de la niñez, adolescencia y juventud presente, pero también accionar desde hoy para prevenir a futuro e ir inculcando una transformación proactiva y propositiva en la población”.
Estos son parte de los objetivos señalados dentro del proyecto de la verdiblanca:
-Fortalecer los factores de protección y el cuidado directo desde la familia, la organización comunitaria, la educación, la salud, la recreación, la empleabilidad, que generan condiciones y oportunidades de integración social para las personas menores de edad y personas jóvenes.
-Velar por el diseño de programas sociales que incluyan la prevención de la violencia en las personas menores de edad y personas jóvenes.
-Promover la inclusión de recursos económicos que contribuyan en el desarrollo de los programas y proyectos institucionales o interinstitucionales que desarrollen acciones de protección integral de las personas menores de edad y personas jóvenes.
-Incidir en las organizaciones comunitarias y sociales con el fin de promover la generación de factores de protección dirigidos a las personas menores de edad y personas jóvenes.
-Promover la participación de las empresas privadas y organizaciones en programas y proyectos accesibles relacionados con las personas menores de edad y personas jóvenes, para que se generen prácticas socialmente responsables que incluyan acciones directas hacia el bienestar de esta población.