Josué Alvarado
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicacions (Micitt) contratará a nueve personas para atender la seguridad cibernética de las instituciones públicas.
Se trata de una persona con estudios en administación, debidamente incorporada a su colegio profesional. También ocho bachilleres en Informática con un mínimo de dos años de experiencia o con conocimiento comprobable en ciberseguridad.
“Las nueve plazs son por un año y es gracias a los fondos de la Declaratoria de Emergencia”, informó el Micitt a El Observador.
A través de su página web el ministerio informó que estas contrataciones forman aprte del Plan de Inversión de Ciberseguridad y que pretende robustecer su Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), que trabaja 24/7.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo: [email protected].
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Costa Rica desprotegido
Pocos días después del lunes 18 de abril del 2022, cuando trascendió que el grupo cibercriminal Conti estaba atacando el país, el Gobierno de Carlos Alvarado reconoció que “no teníamos instituciones con protección”.
El Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se convirtieron en el principal blanco durante el hackeo, que todavía deja una estela, entre los servicios que siguen en proceso de reconexión y periodos fiscales de los que no se tienen datos exactos.
Con el cambio de administración, el Gobierno de Rodrigo Chaves emitió una declaratoria de emergencia por estos ataques. Rige desde el 11 de mayo.
El 30 de agosto se publicó una reforma parcial a ese decreto mediante el cual se le dio rango de emergencia nacional a los ataques informáticos, o a los intentos.
Por otro lado, establece la obligatoriedad de todas las instituciones para que contribuyan en lo necesario la atención de este episodio.
Desde que inició la administración Chaves Robles el nuevo equipo inició una labor de recolección de datos en todo el sector público y no solo en el Gobierno Central.
Esto, con el objetivo de crear un “estado de la situación” que les permitiera atender los ataques perpetrados por ciberdelincuentes.
Diez instituciones se negaron a entregar la información sobre su seguridad informática, entre ellas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según lo dio a conocer El Observador el pasado 10 de junio.
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