Gustavo Martinez
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) propuso al Ministerio de la Presidencia un nuevo proyecto de ley para imponer penas de entre dos a cuatro años de cárcel a las personas que ingresan teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en los centros penitenciarios.
Así lo informó el jerarca de Justicia, Gerald Campos, en conferencia de prensa.
“Hoy hemos presentado en el Ministerio de la Presidencia una ley más que va a ser necesaria para el sistema penitenciario. Hemos decomisado gran cantidad de celulares y artículos electrónicos”, dijo el jerarca.
“Con esta ley, como no ha querido entender la gente y siguen ingresando celulares, queremos penar con 2 a 4 años de prisión a aquel que ingrese celulares, artículos electrónicos, chips y cualquier dispositivo que sirva para activar celulares desde los centros penitenciarios”, agregó Campos.
La iniciativa de Justicia aplicaría penas tanto a personas privadas de libertad, funcionarios y ciudadanía en general.
“Es loable reconocer el trabajo de la policía penitenciaria, pero ya no más, ya fue suficiente y esto va a ser indispensable, porque es bien sabido por nosotros que la introducción de celulares puede ayudar en la comisión de hechos delictivos. Con eso, prácticamente, vamos a dejar en cero”, enfatizó el jerarca.
Campos reportó que en la presente semana ejecutaron 74 intervenciones en las que se decomisaron 27 celulares, 42 artículos electrónicos y 3 kilogramos de drogas.
Además, las autoridades de Justicia trasladaron a nueve personas a la Fiscalía por incurrir en delitos de introducir drogas en centros penitenciarios.
Actualmente, las personas particulares que ingresan celulares a los centros penitenciarios no son sujetos de ninguna pena o detención.
En el caso de ser policías penitenciarios, la máxima sanción que se les aplica es el despido inmediato.
Más proyectos
Esta nueva iniciativa se une al grupo de los diez proyectos de seguridad que definieron los presidentes de los tres Poderes de la República, el pasado 22 de enero, con carácter urgente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
A la fecha, son siete proyectos los que se encuentran en la corriente legislativa a la espera de su aprobación.
Además, el martes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, sostuvieron la primera reunión con los jefes de fracción de Congreso, para discutir, entre otros temas, la posible ruta de aprobación de estas propuestas sobre seguridad previamente establecidos como prioritarios.
El resto de los proyectos, así como el adicional sobre ingreso de teléfonos celulares, serán estudiados y sujetos de votación durante las sesiones ordinarias, que inician este jueves 1° de febrero.
En este periodo de tres meses, son los diputados los que definen su propia agenda de discusión.
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