Josué Alvarado
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está sujeto a la regla fiscal.
El jerarca informó a la nueva presidenta de la Caja, Marta Esquivel, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) únicamente afecta a esta institución en las regulaciones establecidas en el Título III, relacionado a incentivos salariales como exclusividad y prohibición.
Sin embargo, le aclara que no se le pueden aplicar las restricciones del Título IV, relacionado a los controles para limitar el crecimiento del gasto.
Acosta citó un informe del año 2019, firmado por la entonces ministra de Hacienda Rocío Aguilar, en el que se deja claro que el título IV de la Ley 9635 sobre la aplicación de la regla fiscal no interfiere en la administración de la CCSS.
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“Se determinó que toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”, dice la respuesta del ministro de Hacienda hacia Esquivel.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda (Foto Archivo El Observador).
El Título IV
Esta sección del articulado prohíbe al sector público, entre otras cosas, aplicar aumentos salariales por costo de vida cuando la relación deuda – Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del ejercicio presupuestario sea igual o mayor al 60%.
El aumento salarial que actualmente se discute en la CCSS fue aprobado desde diciembre del 2019 para todo el sector público, cuando el porcentaje llegaba a menos de 57% y como respuesta al aumento en el costo de vida.
Pero este fue detenido. Es decir, nunca se aplicó a la planilla porque meses después inició la pandemia y se necesitaba ahorrar recursos.
Sin embargo, con el paso del tiempo distintas instituciones han acordado aplicar el aumento, conforme se vuelve a la normalidad. Una de ellas es la Contraloría General de la República (CGR).
El pasado 8 de setiembre la Junta Directiva de la CCSS, presidida por Álvaro Ramos y quien fue destituido por defender esta decisión, acordó retomar el aumento salarial y aplicarlo.
El mismo lunes que Acosta envió este documento a Esquivel, la nueva presidenta de la CCSS señaló en un video enviado a los medios:
“Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda que nos señala que la CCSS no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar regla fiscal en materia salarial”
Este medio consultó a la CCSS sobre cuál referencia en el documento usa para dicha aseveración. Sin embargo, para el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Edificio central de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en San José. (Foto Alonso Solano El Observador).
El título III
Sin embargo, Acosta dejó claro que sí hay una regulación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que la CCSS debe acatar.
“La CCSS en material salarial (…) está incluida dentro del ámbito de aplicación del Título III de la referencia Ley No. 9635 y su reforma, cuya rectoría está a cargo del ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica”, escribío el ministro Acosta.
Este título, empero, no hace referencia alguna a aumento salariales como el que se discute actualmente.
Más bien, establece las reglas para el otorgamiento de incentivos. Regula entonces temas como contratos de dedicación exclusiva, pago por prohibición para ocupar otros cargos, auxilio de cesantía, anualidades y carrera profesional.
El Observador le consultó a Nogui Acosta sobre las declaraciones de la presidenta de la CCSS, relacionadas a la posibilidad de interferir en este aumento salarial que se aplicará a 62.000 empleados.
Sin embargo, para el cierre de la nota no respondió las consultas hechas vía Whatsapp.
