El cronograma del año electoral ya comenzó a correr para aquellos jerarcas del Poder Ejecutivo con intenciones de figurar en la papeleta presidencial.
El primer corte se dará el próximo sábado, cuando falte un año exacto para la primera ronda de las elecciones del 2022.
Según el artículo 132 de la Constitución Política, tantos los candidatos para presidente como para vicepresidentes no pueden haber ocupado la cabeza de un ministerio o una vicepresidencia los 365 días antes de las votaciones, es decir, los eventuales interesandos tendrían que renunciar antes del viernes.
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En el caso de los vicepresidentes, tendrían que renunciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Los ministros, por su parte, lo harían ante el presidente.
Para aquellos altos funcionarios que busquen una diputación, la fecha de corte será el 5 de agosto, cuando falten 6 meses para la votación.
Jerarcas niegan rumores
A diferencia de otros períodos, el Gabinete actual llega a la semana clave sin prospectos de renuncias.
El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, uno de los nombres que sonaba con más fuerza, desmintió hace dos semanas que pudiera dejar el Gobierno.
“He reiterado que no soy ni precandidato ni candidato a ningún concurso político, eso no está en mi futuro”, aseguró.
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“En mi caso le puedo decir que no y no estoy dejando ningún portillo, no estoy diciendo me lo estoy pensando ni que este es el momento. Estoy diciendo (que) no; estamos en pandemia y en eso me voy a enfocar en los próximos 15 meses”, fustigó.
Igual negativa externó el Ministro de Salud, Daniel Salas. A él se le perfilaba más una vicepresidencia pero también negó posibilidades de salida.
Diputados y alcaldes con vía libre para elecciones
Mientras las reglas para los aspirantes presidenciales del Poder Ejecutivo se ponen estrictas, otros sectores tienen más margen de acción.
Los diputados y alcaldes, entre quienes se mencionan posibles aspirantes tanto presidenciales como legislativos, no tienen obligación de separarse del cargo para emprender campañas.
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La ley regula, eso sí, el uso de recursos y tiempo laboral para actividades de elecciones.