Tomás Gómez
El primer paso para acceder al crédito por $500 millones por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) fue frenado esta tarde por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Por mayoría, los legisladores decidieron impedir la transferencia de ¢69.000 millones para suscribirse a la CAF.
Esa es la etapa inicial para que el Gobierno reciba el préstamo con el que pretende bajar los intereses de la deuda.
En contra del endeudamiento
Desde ayer, diferentes fracciones adelantaron su oposición a la aprobación de nuevos préstamos en señal de protesta por el acuerdo que firmaron el Poder Ejecutivo y los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para ponerle fin a la huelga.
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Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el bloque Nueva República encabezaron las críticas al crédito durante el debate.
Pedro Muñoz, del PUSC, señaló que el voto negativo es una señal para que el Gobierno frene el gasto.
“Creíamos que habíamos enviado un mensaje al no aprobar el préstamo del Teatro Nacional, pero de no calar vamos a tener que ser más contundentes y firmes”, advirtió.
Según el socialcristiano y el independiente Jonathan Prendas, en este momento el Gobierno no tiene la confianza del Poder Legislativo.
“El PAC no sabe administrar ni planificar. No se les puede dar nada porque no son capaces de administrar”, fustigó Prendas.
Por su parte, la liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de la comisión, comentó que se esperará a dictaminar el resto del proyecto.
El propio comité político del PLN señaló que no habrían votos verdiblancos hasta que se aclarara el destino de los recursos.
Presupuesto movido
Además de lo relativo a la CAF, la comisión aprobó este miércoles una serie de movimientos al presupuesto para lo que queda del año.
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Los movimientos principales se dieron en partidas de la Presidencia y sus entes adscritos -Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)-, a los que se les redujo el presupuesto que tenían para actividades como protocolo y viáticos.
La revisión también incluyó a los Ministerios de Cultura, Vivienda y Ciencia.
Según la presidenta de la comisión, el monto modificado ronda los $300 millones que se destinarán ahora a la amortización de la deuda.
