Tomás Gómez
A más de un año de vigencia, la Reforma Fiscal sigue enfrentando resistencias en instituciones como el Poder Judicial, las universidades estatales o la Caja Costarricense del Seguro Social.
Aunque los pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR) han parado algunas intenciones de escape los diputados intentarán ahora poner un freno a dicha situación.
Por medio de un proyecto del legislador socialcristiano Pedro Muñoz, se busca una “interpretación auténtica” de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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El mecanismo consiste en clarificación de la ley original para que quede clara cuál fue la verdadera intención de los diputados al aprobar una ley y se cierren portillos para lecturas que terceros puedan hacer de las normas.
“El despacho preparó un proyecto para que la Corte no pueda seguir jugando con interpretaciones legales que no van en concordancia con los criterios de la Procuraduría, la Contraloría o nosotros los diputados”, indicó Muñoz.
Según él, la redacción del proyecto permitiría aplicarlo al resto de la Administración Pública.
Instituciones vrs la ley
El proceso de implementación de la Reforma Fiscal ha conllevado huelgas y peleas institucionales.
Ejemplo de ello fue el paro de los empleados de la Seguridad Social en reclamo de mantener sus privilegios salariales. El movimiento se dio entre julio y agosto del 2019, el cual dejó miles de citas canceladas e incluso la investigación por una muerte, tras lo cual el Gobierno cedió a las exigencias sindicales.
Semanas después, y ante una denuncia del propio diputado Muñoz, la CGR anuló los acuerdos y obligó a la CCSS a adaptar sus salarios a las nuevas reglas.
Ocurrió igual con el presupuesto de las universidades estatales, rechazado por incumplir la regla fiscal.
En el caso de las municipalidades, el diputado liberacionista Roberto Thompson presentó un proyecto de ley para eximirlas de la misma regla.
