Juan Pablo Arias
Los plazos estipulados en la directriz presidencial para el salvamento de personas con alto nivel de endeudamiento podrían terminar llevando a estos “beneficiarios” a un mercado de préstamos informales.
De esta manera opinan los economistas William Hayden y Gerardo Corrales, ambos con reconocida trayectoria en el sector financiero costarricense y quienes tuvieron a cargo la gerencia de los mayores bancos público y privado del país, respectivamente.
La raíz del problema se encuentra en que los beneficiarios suscribirían un contrato que les prohibiría endeudarse más, hasta que paguen el crédito o se cumpla la mitad del periodo de amortización.
Esto quiere decir que, para una readecuación con un plazo de 20 años, los deudores no van a tener acceso a endeudamiento formal por al menos 10 años. Al no poder encontrar una solución en el sector formal, lo buscarían en el informal.
“Las necesidades cotidianas de adquirir bienes, se van a restringir todos esos años porque no van a tener acceso al crédito. El sistema irá creando un sistema paralelo de operadores informales que no van a estar bajo la supervisión de la Sugef. Y esos son los que van a acaparar las necesidades crediticias de las personas, con una prohibición de contraer más crédito”, explicó Hayden, exgerente del Banco Nacional.
De igual manera opinó Corrales, exgerente del BAC Credomatic, quien calificó el plazo de restricción para nuevas deudas como “demasiado estricto”.
“Es excesivo que hasta que no se pague la mitad del arreglo se pueda optar por un nuevo crédito. Con créditos a 15 años, para que el deudor pueda pagar la mitad, le tomará unos 8 años. Y en ese tiempo tendrá más necesidades de financiamiento. Al no poder calificar en los bancos, eso lo enviará a la informalidad”, comentó.
Esto a su vez provocaría que gente a la que hoy se ayudó, nuevamente tenga un problema de sobreendeudamiento en el futuro cercano.
“Sería mejor dejarlo a criterio de cada banco. Porque si el deudor es buena paga, después del arreglo, podría ser elegible a otro crédito formal”, agregó.
Salvataje tiene debilidades
Ambos expertos también encontraron fisuras en el diseño del plan de salvataje, lo que pondría en aprietos a los bancos públicos y les limitaría las posibilidades de ayudar a los sobreendeudados.
“Un banco estatal va a tirar (la deuda) a 20 años plazo o 15 años plazo, dependiendo de si hay o no garantías. ¿Qué es lo que va a pasar? El Banco va a tener problemas de liquidez inmediatos, cuando tenga que readecuar esos créditos. Y al mismo tiempo, los créditos propios que tiene a corto plazo y los pasa a largo plazo, generarán a futuro problemas de liquidez porque está ‘pateando’ en el tiempo las amortizaciones que está recibiendo”, dijo Hayden.
Añadió que para los deudores -en ciertos casos- al pasar una deuda de 5 años a 20 años plazo, podrían terminar pagando más intereses que con su deuda actual.
Otra de las debilidades del plan es que no es para todos los sobreendeudados, sino para asalariados con cuotas que sobrepasen el 50% de sus ingresos y que cumplan otras condiciones.
“No va a ser para cualquiera. La relación de cuotas mensuales al ingreso debe ser mayor al 50%. Una vez que se hace el arreglo, la relación de cuota e ingreso debe ser menos del 70%. Eso reduce la cantidad de posibles beneficiarios”, aseveró Corrales.
En opinión del economista, el resultado es que el programa no tendrá incidencia en la reactivación económica, como lo pretende el Gobierno.
“Por más amplio que sea el programa, esto no va a tener mayor incidencia en el gasto o en la reactivación económica. Dentro de los requisitos, queda a criterio de los bancos quiénes califican y quiénes no. Los bancos van a analizar capacidad de pago, garantías y destino de los recursos… y muchos quedarán fuera”, previó.
“Arriesgado”
Corrales también opinó que los plazos elegidos para refinanciar los créditos de consumo podrían ser demasiado extensos, debido a la naturaleza de este tipo de préstamos que son de muy corto plazo (de 3 a 5 años).
“Me parece arriesgado meter a los bancos del Estado a financiar créditos de consumo a 15 o 20 años. Eso técnicamente no es prudente; normalmente se financian los créditos de consumo a plazos mucho menores”, indicó.
Otros economistas han señalado falencias del programa como el riesgo al que serán expuestos los indicadores de los bancos, así como la discriminación de clientes y la ausencia de una solución al problema que origina el sobreendeudamiento de las personas.
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Colaboró el periodista Marco Marín.
