Tomás Gómez
La decisión del Ministerio de Hacienda de redirigir ¢70.000 millones del presupuesto de las universidades públicas, desató las protestas de la última semana. Fue esa cartera, quien tomó la medida para colocar ese monto en el proyecto de Presupuesto 2020. Además en múltiples ocasiones desde el lunes de la semana pasada, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, enfiló sus críticas a la ministra Rocío Aguilar.
Sin embargo Presidencia no tomó en cuenta a Hacienda, para la reunión de esta mañana con las universidades estatales. Esta mañana, los estudiantes y trabajadores universitarios marcharon hacia Casa Presidencial. El Poder Ejecutivo recibió a los rectores y a representantes de los alumnos.
El presidente Carlos Alvarado y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, y de Educación, Guiselle Cruz, encabezaron la delegación del Poder Ejecutivo. Pero fue notoria la ausencia de Rocío Aguilar o de algún representante de Hacienda, que define el orden y la priorización del ingreso y gasto del Gobierno central.
El Observador consultó por la ausencia de Hacienda, institución protagonista en la polémica. Zapote argumentó que no tenían competencia.
“La reunión es entre los actores que tienen la solución a este tema que en este momento se encuentra en la Asamblea Legislativa y la Ministra rectora del sector que es doña Guiselle Cruz”, dijo el departamento de prensa de Presidencia.
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Acuerdo polémico
En agosto pasado los rectores y el Poder Ejecutivo pactaron los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2020. Se incluyó una cláusula, que traslada ¢70.000 millones a una transferencia de capital en el Presupuesto 2020. Esto obliga a las universidades a usar esos recursos en infraestructura y otros. Al mismo tiempo no lo pueden usar en gasto corriente, como salarios.
Ls universidades alegan que los ¢70.000 millones deben venir del presupuesto global de todas las universidades, incluyendo superávits acumulados. Hacienda determinó que debían ser del FEES.
Así se obliga a las universidades a cumplir la regla fiscal, con respecto al crecimiento del gasto corriente. Esta es una medida incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Por ese motivo se planteó la modificación del presupuesto, trámite que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
En ese contexto, la semana pasada, la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso dejó en ¢35.000 millones la cifra.
Por ese motivo también participan de la reunión el diputado oficialista Enrique Sanchez y las liberacionistas Ana Karine Niño y Paola Valladares.
El Observador consultó a Hacienda y a la Ministra Aguilar, por su postura ante la reunión. Pero aún no se recibe respuesta.
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