Tomás Gómez
Hoy la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa completó la ronda de audiencias, en su investigación de los acuerdos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus sindicatos.
Desde inicios de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) anuló el pacto. Pero el grupo de diputados mantuvo su proceso. Como último compareciente figuró el ministro de la Presidencia, Victor Morales.
El jerarca debutó en el cargo precisamente negociando con los sindicatos de salud, quienes luchaban por mantener privilegios salariales y que la reforma fiscal no les aplicara.
Esta tarde, Morales defendió que la situación de huelga era grave, por la afectación económica y personal que generaba. “Si el conflicto me pone a escoger entre la vida y la ley yo escojo la vida”, justificó Morales.
El jerarca agregó que lo acordado con los empleados tuvo el aval del presiente Carlos Alvarado. Pese al desenlace de lo pactado, el Ministro llegó a decir que la Caja era una institución respetuosa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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Cediendo a la presión
A principios de agosto los empleados de la Caja lanzaron una huelga en contra de la reforma fiscal y los cambios a cómo se deben pagar las remuneraciones y pluses salariales.
El 12 de agosto, el presidente de la Caja Román Macaya – acuerpado por la Presidencia y el Ministro Morales – firmó un acuerdo con los sindicatos de la Caja. En el documento, las autoridades aceptaron que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no les aplique a los empleados de la misma forma, con respecto a pago de salarios.
El moviemiento canceló miles de citas. Además se inició una investigación de al menos una muerte.
Para levantar el paro el Poder Ejecutivo acordó:
- No aplicar la regla fiscal en la CCSS
- Dejar sin sanción a los huelguistas
- Empezar un juicio para aclarar diferencias salariales
El acuerdo generó el rechazo de la oposición y el sector empresarial. Incluso integrantes del gabinete como la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señalaron el pacto.
Finalmente la Contraloría anuló el documento, tras la denuncia del diputado socialcristiano Pedro Muñoz.
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Las interpretaciones
Este jueves compareció también la Ministra de Planificación, Pilar Garrido. Se quejó por el acuerdo y narró cómo a lo interno del Gobierno hubo roces por la interpretación de la ley.
El dato fue confirmado por el Ministro Morales, quien dijo tener un criterio distinto al de Garrido.
Ante las divisiones, la jefa de fracción liberacionista Silvia Hernández urgió al Poder Ejecutivo a enviar interpretaciones auténticas para solucionar la situación.
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