Paula Ruiz
Los diputados frenaron la votación en segundo debate del proyecto de ley 20.968, que pretendía realizar una modificación al Código Municipal. El Plenario legislativo echó marcha atrás, con el objetivo de hacer cambios al plan.
Para esta tarde, estaba previsto su último trámite en el Congreso. En horas de la mañana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) lideró una manifestación hasta el congreso, con huelgas en 19 municipios. Los sindicalistas advirtieron de la posibilidad de despidos por parte de un alcalde por situaciones políticas.
Las consignas de funcionarios de gobiernos locales repercutió en la Asamblea Legislativa. José María Villalta del Frente Amplio, Melvin Núñez de Restauración Nacional y los liberacionistas David Gourzong y Ana Karine Niño advirtieron su voto negativo, de no presentarse cambios.
“Se puede prestar para desquites políticos, que si no ayudaron ni sirvieron van para afuera y eso no lo voy a apoyar”, reconoció Núñez.
Por esa razón, aprobaron una moción para retrotraer la iniciativa a su primer debate. Así podrán realizar cambios de fondo al proyecto, mediante la apertura del Plenario en Comisión General.
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¿Qué dice el proyecto?
Aracelly Salas, diputada socialcristiana quien fue alcaldesa de San Pablo de Heredia entre el 2002 y 2016, propuso la iniciativa.
La legisladora explicó que solo se agrega la palabra “alcalde o alcaldesa” en el inciso B) del artículo 155 del Código Municipal.
De esta forma, iba a leerse así:
La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.
Para estos efectos, el estudio técnico considerará, además, las propuestas del alcalde o alcaldesa, como titular de la administración municipal con respecto a los ajustes y las modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo ya incorporados en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.
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Salas descartó que el proyecto fuera a ser un arma para los alcaldes, para despedir empleados que no se acoplen a sus políticas partidarias.
La socialcristiana indicó que se busca la inclusión de los jerarcas municipales para realizar estudios técnicos, porque “tiene que tener facultades porque ahora son electos popularmente”.
Con la retrotracción para cambios, se pretende dejar claro que al final la decisión quedará en manos del Concejo Municipal.
