Nuevo intento: Caja y sindicatos negocian para levantar huelga

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus sindicatos retomaron este sábado el diálogo, en busca de un acuerdo para acabar con una huelga que obligó a cancelar 57 mil citas esta semana.

El encuentro inició alrededor de las 11:00 a.m, una hora más tarde de lo previsto. Se reúnen en la sede de la Unión Médica Nacional (UMN), en San José.

A la cita asistió el presidente de la Caja, Román Macaya; el gerente General, Roberto Cervantes; y el ministro de Trabajo, Steven Núñez.

Antes de que arrancara la reunión, Macaya destacó que su objetivo es hallar una salida de negociación que no afecte los servicios institucionales.

Por su parte, los trabajadores estuvieron representados por:

• el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría
• la secretaria adjunta, Martha Rodríguez
• el presidente de la Unión Médica, Edwin Solano
• el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), y exdiputado del Partido Acción Ciudadana, Marvin Atencio
• y el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), Lenín Hernández.

OBSERVE MÁS: ¡Huelga continuará! Tras 9 horas, sindicatos de Salud y CCSS no llegan a acuerdo.

Fracasos previos

Esta es la tercera ocasión en la que las partes se sientan a la mesa desde el domingo pasado, cuando el Gobierno de la República pretendía evitar que iniciaran las protestas.

A esa reunión se le sumó otra efectuada a lo largo del viernes en el edificio central de la Caja. Allí la institución abogó por trasladar el conflicto a sede judicial; posibilidad descartada por los sindicalistas.

En nueve horas de conversaciones, los representantes de los trabajadores dijeron a los medios de comunicación que ni siquiera se alcanzó un acuerdo en el primer punto del pliego de peticiones.

Durante los últimos cinco días, las agrupaciones laboristas paralizaron centros médicos en todo el país, para exigir cambios en la regulación de sus remuneraciones (anualidades, incentivos, complementos y sobresueldos).

Los gremios no quieren que la reforma fiscal, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, les aplique ni les cambie sus beneficios salariales.