Juan Pablo Arias
Las pensiones están siendo consideradas nuevamente para ser objeto del cobro de un impuesto, alertó la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).
Se trata del proyecto de ley 22.261, de la diputada liberacionista Yorleny León, el cual pretende cobrar el impuesto de la renta a componentes de la pensión que ahora son exentos, como las pensiones complementarias voluntarias.
La exposición de motivos del proyecto supone que no existe una adecuada recaudación del impuesto sobre la renta en el caso de las personas multipensionadas (que reciben pensiones de más de una fuente).
El argumento del proyecto de León es que el cálculo por separado de cada componente de la pensión provoca que se aplique en varias ocasiones el monto mínimo exento.
ACOP considera que, por el contrario, el cobro del impuesto causaría un daño a la previsión de los trabajadores para su futuro y pidió a la legisladora, y a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que consideren mantener -como hasta ahora- la exención de renta para el régimen voluntario, de la misma forma en que se mantendría para el obligatorio
Menor pensión
De aprobarse la propuesta de la diputada, el impuesto sobre la renta se calcularía sobre la suma del componente básico, más el complementario obligatorio y el complementario voluntario.
Lo anterior reduciría la pensión de los trabajadores que cotizan para un fondo voluntario respecto a su expectativa actual.
También provocaría que menos personas quieran un ahorro con miras a su etapa de jubilación.
“El establecimiento de un impuesto sobre esos fondos se convertiría en un estímulo inmediato para el retiro masivo, con lo cual no sólo desaparecería el régimen voluntario, sino que además el fisco no recaudaría más que una ínfima suma de dinero”, señaló ACOP en un comunicado.
Fondos voluntarios
Los fondos voluntarios están divididos por la Superintendencia de Pensiones en dos tipos:
- A – Que datan de antes de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador
- B – Que se crearon después de la promulgación de esa ley.
De acuerdo con información de ACOP, los fondos A son maduros; sus aportantes poseen la edad y cuotas necesarias para retirarlos de forma inmediata con solo solicitarlo, mientras que el retiro de los fondos tipo B sí deberían reintegrar incentivos fiscales en el rango entre el 3% y el 4% del saldo.
En el tipo A están los cotizantes con más recursos acumulados, podrían retirar todo el dinero de inmediato, sin afectación alguna, y los de tipo B, aunque deberían pagar un porcentaje de renta, siempre estarían motivados al retiro previo, dada la eventual entrada en vigor de un tributo mayor.
Si se considera el activo neto administrado por Popular Pensiones, BCR Pensiones y BN Vital -las tres operadoras más grandes-, el 73% de los Fondos A podría extinguirse de inmediato sin recargo tributario y el 27% restante también se liquidaría con una pequeña penalización.
ACOP estima que una eventual tasa de renta para las pensiones voluntarias impactaría también el sector financiero nacional debido a la liquidación masiva de valores que tendrían que hacer las operadoras de pensiones.
Esto, a su vez, afectaría el precio de los títulos, tasas de interés y rendimientos del mercado.
Además, los planes voluntarios están altamente concentrados en títulos del Sector Público (más de un 70% a julio del 2020), y de presentarse un desincentivo para este tipo de ahorro, el Gobierno vería disminuida sus posibilidades de financiamiento.
“La situación afectaría sobre todo a los trabajadores, que verían menguados los recursos en su adultez mayor”, agregó la Asociación.
Pequeños aportes
Las operadoras Popular Pensiones, BCR Pensiones y BN Vital, que agrupan el 86% del total de cotizantes de los fondos de pensiones voluntarias determinaron que el 90% de sus afiliados aportan menos de ¢50.000 al mes a sus cuentas.
La información se desprende de las carteras totales de cotizantes de pensiones voluntarias de las tres operadoras, que suman 161,332 afiliados y 63,905 aportantes, con un ahorro acumulado a diciembre 2020 de ¢453.489 millones; lo que constituye un 1% del Producto Interno Bruto del país.
“Se trata de un ahorro importante aún cuando e limitado”, indicó la Asociación.
El régimen voluntario se sustenta en la capitalización individual y es gestionado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC), pero con la posibilidad de retirar el dinero de manera anticipada, sin la obligación de comprar un producto financiero al momento de alcanzar la edad de retiro.
La finalidad de los fondos voluntarios es complementar la pensión de primer pilar (IVM o público sustituto) y del segundo pilar (ROP), para que las personas puedan mejorar las prestaciones para la vejez.
